CASTELLON, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, aseguró hoy que la Policía y la Inspección de Trabajo tienen la percepción de que la red de inmigración ilegal desarticulada en Oropesa (Castellón), mediante una operación en la que se detuvo a J.J.T.R. por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores y a otras 60 personas por infringir la Ley de Extranjería, "no se trata de un caso único", por lo que aseguró que no se descarta realizar en un futuro próximo operaciones de este tipo, "sobre todo en el sector de la construcción".
Según explicó Calles, no hay que olvidar que "se trata de un fraude, no sólo a la Seguridad Social, a las arcas del Estado y a todos los españoles, sino también una competencia desleal con todas las empresas de Castellón que cumplen la legalidad", por lo que, dijo, "nuestra obligación es perseguirlo".
Así mismo, el subdelegado explicó que en estos momentos se están realizando las diligencias oportunas para esclarecer la situación documental de los 60 trabajadores detenidos. Al respecto, aclaró que "la percepción que tenemos es que se trata de trabajadores en situación ilegal". Además, señaló que todavía está detenido el gerente de la empresa que, según manifestó, "en principio, parece ser el responsable de toda la red de trabajo ilegal".
