VALENCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de 76 parlamentos regionales participantes en la X Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales (CALRE) que hoy finaliza en Venecia han acordado incorporar a los documentos que se deriven de este encuentro la 'Declaración de Alicante', a propuesta del presidente de las Corts Valencianes, Julio de España, que plantea articular una red de comunicación entre asambleas regionales en materia de inmigración.
Según informaron las Corts en un comunicado, la 'Declaración de Alicante' fue elaborada como conclusión de las 'I Jornadas sobre Inmigración y Sociedad: un compromiso desde el poder legislativo', que se celebraron el pasado mes de junio en el MARQ de Alicante, organizadas por la Conferencia de Presidentes de Parlamentos autonómicos y regionales de España e Italia.
Julio de España se mostró "muy satisfecho" por la "aceptación" por parte de la CALRE de su propuesta y señaló que "permitirá trabajar para conseguir una mayor coordinación entre los parlamentos regionales a la hora de buscar soluciones y de diseñar la legislación en materia de inmigración, con el objetivo de que se pueda desarrollar también una política común en el ámbito europeo sobre la materia".
De España destacó "los problemas que ocasiona este fenómeno a las comunidades autónomas españolas, con la llegada masiva de cayucos y pateras procedentes de las costas africanas, además del creciente flujo de personas procedentes de los países del Este de Europa, y la necesidad de buscar una coordinación que permita sentar las bases que han de ordenar estos flujos que repercuten en la mayor parte de los países europeo con mayor desarrollo".
En este sentido, afirmó que la Comunitat Valenciana "se ha convertido en una de las regiones españolas que más personas acoge procedentes de la inmigración ilegal que llega a través de las Islas Canarias, en una muestra de solidaridad ante una crisis humanitaria como la que se ha llegado a vivir". Para el presidente de las Corts, "éste es un problema que afecta también a otros países por los flujos migratorios actuales por cuestiones laborales y de supervivencia".
De España considera que conseguir que la CALRE "haya aceptado este documento permitirá avanzar en la articulación de una red de comunicación entre asambleas legislativas regionales donde existan competencias sobre materia de inmigración", algo que calificó de "un gran avance que demuestra el trabajo de las Cortes Valencianas".
"DESARROLLO EQUILIBRADO"
Asimismo, reclamó la obligación "de promover políticas legislativas que no prolonguen más el drama en los países receptores de inmigrantes, debiendo dirigirse las mismas a conseguir un desarrollo equilibrado del fenómeno de la inmigración".
Explicó que este "desarrollo equilibrado debe conseguirse mediante legislaciones que promuevan una política conjunta y responsable sobre inmigración, con objetivos sociales de integración y respeto, tanto para la cultura del inmigrante como del nacional".
De España también resaltó que la Declaración de Alicante exige "responsabilidad a la hora de trasladar a los países generadores de inmigración, falsas imágenes o expectativas, que no se compadecen ni se corresponden, con la realidad económica o laboral de los países receptores".
Según explicaron, el documento defendido por el presidente de las Corts "también suscita el debate sobre el endurecimiento de la legislación penal relativa a la persecución de las organizaciones criminales, de estos nuevos tratantes de esclavos, que deben ser erradicados totalmente en sus prácticas".
Además, De España recordó "otros factores para el conveniente equilibrio de los territorios que asumen la inmigración, como es la ayuda al desarrollo en los países generadores de la misma, con el fin de que las personas que potencialmente pueden emigrar, consigan desarrollar sus vidas en los países de origen sin sufrir el drama del desarraigo".
De España explicó que "desde el Parlamento Valenciano, ya llevamos tiempo subvencionando proyectos de cooperación para los países más desfavorecidos, a través de relaciones con Organizaciones No Gubernamentales" y añadió que "es preciso negar la equiparación entre inmigración y delincuencia, pero es un hecho indubitado que una relajación de la legislación en materia de extranjería, así en las políticas fronterizas extracomunitarias facilitan el acceso, al marco de la Unión Europea, de nuevas formas de delincuencia que no son propias de nuestros países".
No obstante insistió en que "hay que negar su relación con la inmigración, pues una cuestión es la inmigración y otra la delincuencia global" y aseguró que "debemos prepararnos para una sociedad multicultural basada en una legislación que garantice la igualdad de acceso a las oportunidades, en el mantenimiento de la seguridad, de la libertad y de la solidaridad".
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