Campos cree que el recurso de Castilla-La Mancha contra el Estatuto es una decisión política que busca rédito electoral

VALENCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, señaló hoy que el recurso de inconstitucionalidad de Castilla-La Mancha contra el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana responde a "una decisión política para intentar sacar rédito electoral dentro de 11 meses", y subrayó que es "una consecuencia más de la España insolidaria que promueve el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero".

Campos, que realizó estas declaraciones en los pasillos de las Corts Valencianes, se refirió de este modo a la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que, en su reunión de ayer, autorizó al servicio jurídico de la Junta a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra elartículo 17 del texto valenciano, que recoge el derecho de la Comunitat Valenciana a redistribuir los sobrantes de agua de cuencas excedentarias.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico afirmó que el Gobierno valenciano no tiene "absolutamente ninguna preocupación" por que el recurso pueda prosperar, ya que están "convencidos de lo impecable del texto valenciano", así como de "su encaje constitucional".

Reiteró que "hay quien pretende impulsar medidas que buscan rédito electoral, sin pensar en los ciudadanos ni en el conjunto de España". En su opinión, se trata de "una decisión política", por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que "persigue obtener rédito electoral dentro de 11 meses --cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas-- y nada más, puesto que legalmente no va a conseguir nada", apuntó.

Preguntado por el apoyo que el PP de Castilla-La Mancha ha prestado a la Junta para interponer este recurso, indicó que los populares de esa comunidad aprobaron "recurrir todos los estatutos de autonomía que impliquen algún planteamiento de insolidaridad".

Sin embargo, aseveró, el Gobierno de Castilla-La Mancha "no lo ha hecho así", ya que "no se ha ido a discutir el texto catalán o el aragonés, sino que se ha dirigido al que a ellos les puede afectar electoralmente, y lo hace desde un planteamiento legal absolutamente débil", comentó.

En todo caso, dijo, la "responsabilidad la tiene el gobierno autonómico, en manos de los socialistas", que también tienen "mayoría absoluta" en el Parlamento autonómico de esa comunidad, recordó.