VALENCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, manifestó hoy en las Corts Valencianes que la Generalitat reclamará al Ministerio de Fomento el pago de los 18 millones de euros que a la sociedad adjudicataria de la construcción y explotación del futuro aeropuerto de Castellón "le cuesta la paralización del proyecto".
Camps, que compareció en la Comisión de Obras Públicas y Transporte para informar sobre la situación actual y de futuro del proyecto del aeropuerto de Castellón, a petición del grupo socialista, destacó que el aeropuerto debería haber estado operativo en el primer semestre de 2007, lo que no ha sido posible porque, según señaló, la Dirección General de Aviación del Ministerio de Fomento "lo paralizó de forma incomprensible" desde octubre de 2005 hasta febrero de este año.
El titular de Economía, quien precisó que la previsión actual es que el aeropuerto esté construido en el primer semestre de 2008, insistió en que no había motivos que sustentaran la paralización y recalcó que el tiempo transcurrido hasta que de nuevo se retomaron las obras "es lo que se retrasa la puesta en marcha" de esta infraestructura.
Señaló que en el pasado se "han podido dar momentos de tensión y no coincidencia pero lo que hay ahora es una coincidencia plena" en que, según remarcó, todo lo que está proyectado para el futuro aeropuerto "se puede realizar y es bueno".
Asimismo, aseguró que la financiación del proyecto está "completamente resuelta", después de que el pasado 29 de marzo el concesionario suscribiera una deuda senior con las entidades financieras lideradas por el Banco Santander Central Hispano y se ampliara el capital social de la empresa Aeropuerto de Castellón Aerocas --participada por la Generalitat valenciana y la diputación de Castellón-- a Caja Madrid, Bancaja y Abertis.
Por su parte, el diputado socialista José Camarasa calificó de "inadmisible" que la Administración autonómica no hubiera remitido al Gobierno estatal a fecha de 19 de mayo el plan director del aeropuerto para su tramitación e información, extremo que Gerardo Camps aseguró que se había producido, aunque no pudo especificar la fecha en la que se había realizado.
"INCUMPLIMIENTO REITERADO"
Por otro lado, Camarasa señaló que el Consejo de Administración de Aerocas no celebró ninguna reunión "que formalizara, avalara y permitiera" la "posición de incumplimiento reiterado y sistemático" por parte de la adjudicataria, Concesiones Aeroportuarias S.A, --formada por FCC, Lubasa, PGP, Caja Madrid, Bancaja y Abertis-- de "sus obligaciones" y afirmó que eso "debería haber supuesto la resolución del contrato" y su salida de nuevo a licitación.
El diputado de EU-Entesa Ramon Cardona calificó el contrato para la construcción de esta infraestructura como "un traje hecho a medida de la concesionaria" y señaló que en este proyecto "toda la inversión es pública y los riesgos son públicos", pero "todos los beneficios son privados".
Así, indicó que la Administración, entre otros pagos, se ha hecho cargo de "un préstamo participativo de 44 millones de euros que la concesionaria sólo devolverá si obtiene beneficios", a la vez que apuntó que si el aeropuerto alcanza una cifra de viajeros menor a la prevista, la Generalitat deberá pagar a la empresa un millón de euros.
Por su parte, Gerardo Camps defendió que el Consejo de Administración de la sociedad no había tomado ninguna decisión "sin todos los informes preceptivos" y, en concreto, defendió la "prórroga" otorgada a la concesionaria para "buscar financiación externa" porque había un "informe jurídico que la sustentaba, se produjo hasta el mes de septiembre" de 2004 y se "adecuó a la financiación", por lo que, recalcó, "no había causa de resolución del contrato porque no había habido ningún incumplimiento".
Asimismo, señaló que el pliego de condiciones del proyecto "cumple exactamente" con la ley de Concesiones, a la vez que recalcó que el único pago directo que debe hacer Aerocas a la concesionaria se produciría en el caso de que no se alcanzara el número de pasajeros establecido --que el primer año es de 650.000 hasta llegar a un millón en el octavo año, precisó--, si bien aseguró que todo "indica que eso no va a suceder porque las cosas van a funcionar mejor de lo previsto".