VALENCIA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
El conocido caso Ivex, que lleva 17 años investigándose en un juzgado de Valencia, está pendiente de dos comisiones rogatorias cursadas a Islas Caimán y a Shangai. El objetivo es conocer si hubo falsedad documental y malversación de fondos públicos en la forma en la que el entonces Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) pagó al cantante Julio Iglesias por desarrollar una labor de representación de la Comunitat Valenciana en el año 1997.
Fue precisamente hace ahora 19 años cuando el artista y el exdirector del Ivex José María Tabares firmaron un contrato para que Julio Iglesias desarrollase una labor de representación de la Comunitat. En ese momento Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat Valenciana.
El contrato que se hizo público desvelaba que el artista iba a cobrar 375 millones de pesetas --2.253.795 euros-- por ejercer de embajador de la autonomía. Sin embargo, se investiga si se firmó otro contrato privado por el que el pago real ascendía a más del doble de dinero. Es decir, unos seis millones de dólares libres de impuestos.
En esta causa judicial, que ha tenido que superar diferentes obstáculos, figura como investigado quien fuera director general del Ivex José María Tabares, entre 1997 y 1999, fugado de la justicia tras ser condenado a cinco años de prisión por delitos de estafa y falsedad al Instituto cometidos en el ejercicio de su cargo, que le impuso la Audiencia de Valencia y le confirmó el Tribunal Supremo en 2006.
Sin embargo, la condena contra Tabares prescribió posteriormente. Las últimas informaciones le situaban en Japón, donde no hay tratado de extradición. Este extremo, el hecho de que Tabares se encuentre fugado, obligaría a la Audiencia, cuando termine la instrucción sobre el contrato con Julio Iglesias, a tener que archivar la causa, según han indicado fuentes judiciales a Europa Press.
SOBRESEIMIENTO EN 2010
El juzgado decidió sobreseer el procedimiento Ivex en 2010, aunque la Audiencia obligó a reabrirlo tras el recurso del PSPV --personado en el proceso y denunciante de dobles pagos por un mismo concierto, facturas por servicios no realizados y facturas hinchadas--. Los socialistas recurrieron en ese momento al no comprender que no pudieran depurarse responsabilidades porque Tabares no pudiera estar a disposición de la justicia.
Tras ello, el juez continuó con nuevas diligencias, entre ellas, citar a Iglesias a declarar como testigo, así como solicitar al Ivex copias de las actas de los consejos de administración o junta general de socios en las que aparecieran facturas de Midway, International Concerts o Gold Peak Trade Service.
CITACIÓN A IGLESIAS
El juez valenciano aprovechó para citar al cantante, a quien llevaba tiempo sin localizar, en julio de 2012, coincidiendo con un concierto que tenía previsto ofrecer en el Palau de les Arts de Valencia.
Sin embargo, el cantante comunicó al juez que ya había declarado por este asunto, en calidad de testigo y vía exhorto, en un juzgado de República Dominicana, donde tiene una de sus residencias.
Fue en ese momento cuando ratificó que había cobrado cuatro millones más de lo que indicó Eduardo Zaplana en su día. "En España se ha de saber que no he hecho nada fuera de la legalidad. Tengo los contratos del Ivex, uno de imagen y otro de actuación, y como esos he firmado otros cien", aseveró.
"Yo entiendo que a la gente seis millones de dólares, que fue lo que cobré y de los pagué impuestos, le parezca mucho dinero, pero que valoren también que la labor de promoción fue muy importante", agregó Iglesias.
La causa sigue vigente en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, que está pendiente de recibir unas comisiones rogatorias enviadas a Islas Caimán y Shangai. Fuentes judiciales apuntan a que este procedimiento acabe finalmente en sobreseimiento tras 17 años de investigación.
