CASTELLON, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El 99 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en la provincia de Castellón, y la totalidad del personal vinculado a los establecimientos identificados, son extranjeras extracomunitarias, según los datos proporcionados hoy por el subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, durante su intervención en la mesa redonda "Movimientos migratorios y prostitución", celebrada en el marco del III Congreso Estatal de la Fundación Isonomía, informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Calles recalcó la necesidad de poner en marcha políticas públicas eficaces que permitan atender la situación de extrema vulnerabilidad en al que se encuentran muchas mujeres víctimas de la explotación sexual, y ha desgranado las medidas del Gobierno dirigidas a combatir las causas que obligan a muchas personas a prostituirse, una práctica que el subdelegado ubica en el lado opuesto de los derechos colectivos.
Según la exposición realizada por Calles, la mayor parte de las mujeres forzadas a ejercer la prostitución en España proceden de fuera de la Unión Europea, alcanzando un porcentaje superior al 90 por ciento.
El subdelegado declaró que el Gobierno, a través del Instituto de la Mujer y de iniciativas transversales impulsadas por otros departamentos, apuesta por políticas de carácter integral que combinan dos tipos de medidas: asistencia y protección a las personas que ejercen la prostitución, y educación y sensibilización dirigidas a toda la sociedad.
PLAN DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
Así mismo, Calles recordó que el Plan de Integración de los Inmigrantes, dotado este año con 180 millones de euros, ofrece un catálogo de medidas dirigidas a paliar la difícil situación que sufren muchas inmigrantes víctimas de explotación sexual, entre las que destacan las acciones para la información, atención y asesoramiento integral, integración sociolaboral, sensibilización contra el tráfico de mujeres, formación específica de los profesionales que trabajan con mujeres víctimas de la explotación sexual, y la elaboración de material para la difusión de la legislación aplicable en esta materia.
Además, el Instituto de la Mujer subvencionó el pasado año 19 programas de doce entidades distintas que tienen como destinatarias a las mujeres víctimas de la explotación sexual. Centros de acogida, pisos de estancias breves y para mujeres en libertad condicional, formación para la mediación social o la creación de itinerarios para la integración sociolaboral.
Por otro lado, Calles se mostró partidario de intensificar la lucha policial y legal contra el tráfico de mujeres para su explotación sexual, y crear las condiciones legales, administrativas y policiales que faciliten a las víctimas de este tráfico criminal la salida del círculo de violencia y sometimiento al que están condenadas.
En este sentido, el subdelegado del Gobierno recordó que el desarrollo reglamentario de la Ley de Extranjería prevé la posibilidad de que los extranjeros en situación irregular que hayan sido objeto de explotación sexual puedan quedar exentos de responsabilidad administrativa y no ser expulsados de España si denuncian a los autores de dicho tráfico o cooperan con las autoridades competentes en materia de extranjería.
Por último, Juan María Calles condenó la explotación sexual y sus redes mafiosas que someten a miles de mujeres bajo amenazas y violencia, y declaró que la lucha contra este fenómeno "es una cuestión de dignidad, de justicia y de decencia".
