CASTELLON 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, mostró hoy "la gran satisfacción" que supone para la Generalitat la visita de la delegación del Ministerio de Justicia de Portugal a la Ciudad de la Justicia de Castellón, "no sólo porque el país vecino se interese por el modelo de infraestructuras judiciales de la Comunitat Valenciana, sino también porque es la primera representación de una administración internacional que recibe este nuevo edificio, desde su inauguración en el mes de abril".
La delegación lusa, encabezada por la directora general de la Administración de Justicia de Portugal, Helena Ribeiro, conoció de primera mano las instalaciones más representativas de la Ciudad de la Justicia y, según explicó, Fernando de Rosa "se les va a facilitar los planos del edificio y las medidas técnicas adoptadas que ellos crean que puedan serles de utilidad para el programa de expansión de infraestructuras judiciales que está llevando a cabo el Gobierno de Portugal".
Por su parte, la directora general de la Administración de Justicia lusa, Helena Ribeiro, explicó que la sede judicial de Castellón va a servir de referencia para la creación de los palacios de justicia del país vecino ya que "en estos momentos estamos dando los primeros pasos en la construcción de campus de justicia y queríamos conocer y aprender como se han hecho aquí las obras", dijo.
Asimismo, resaltó que "la impresión que nos llevamos es muy positiva, ya que es un edificio magnífico que permite el acto de juzgar, que no se queda solamente en la capacidad técnica del juez, sino que también pasa por las buenas condiciones de trabajo que tengan los profesionales y que incide positivamente en los ciudadanos".
Tras la visita a la Ciudad de la Justicia de Castellón, la delegación del Gobierno luso se trasladó al complejo judicial de Valencia, donde también recorrió cada una de sus instalaciones, edificio que hasta ahora ha despertado el interés de otras comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Cantabria, Andalucía y País Vasco; así como también de administraciones internacionales procedentes de Alemania, Filipinas, Irlanda o Bélgica, entre otros países, señalaron fuentes de la Generalitat.