CASTELLON, 6 Jul. (EUROPA PRESS)
El diputado autonómico de Esquerra Unida-Els Verds-l'Entesa Ramón Cardona exigió hoy a la Administración que controle las subcontratas de las concesiones públicas para evitar el fraude.
Al respecto, afirmó en un comunicado que tras el incidente con 62 trabajadores ilegales de Oropesa (Castellón), "explotados por una subcontra", se debería ser "muy estricto" en el seguimiento de estas prácticas que "atentan contra el mercado laboral y el derecho de los trabajadores" y, sobre todo, -dijo- "ha de ser la Administración la primera implicada en tener un seguimiento estricto y escrupuloso para que las concesiones de obra pública a grandes empresas no acaben subcontratándose a terceras empreas que explotan a los trabajadores en condiciones inaceptables".
En el caso concreto de Oropesa, Cardona destacó que "la realidad vuelve a demostrar como se ha actuado insuficientemente a la hora de regularizar a los trabajadores inmigrantes", pues, añadió, "ésta es una tierra donde falta mano de obra, no sólo en el sector de la construcción, sino en muchos otros como agricultura y hostelería, y en este caso, se demuestra como muchas de estas personas en situación irregular estaban trabajando desde hacía años sin los mínimos exigibles de seguridad social y atención pública".
"Los ciudadanos -apuntó el diputado- no son irregulares ni ilegales, sino que lo es la situación administrativa que ayuda a precarizar todavía más el mercado laboral", por lo que "además de los procesos de regularización marcados por el Gobierno, había que ser especialmente sensible con las necesidadades de cada territorio, y en Castellón -agregó- se ha demostrado que se podría regularizar muchas más situaciones personales".
Cardona recordó cómo se están alcanzando cifras "récord" de accidente laborales mortales en las comarcas de Castellón, y añadió que muchas obras públicas "se conceden a empresas que después subcontratan a terceras, y sobre cómo actúan éstas terceras hay una total desvinculación", por lo que -dijo- se dan casos "inaceptables", donde la Administración "está colaborando en un trabajo precario y casi indigno".