Catalá cree que CACSA y promotores deben abordar "alternativas" y posible reubicación de los festivales

    VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La alcaldesa de València, María José Catalá, ha manifestado que deben ser los responsables de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) y los promotores quienes "vean alternativas" tras la sentencia sobre el ruido de los festivales que se celebran en el entorno del complejo.

   "Desde el Ayuntamiento mandamos una resolución a CACSA y lo que le pedimos es que hablara con los promotores porque nosotros no participamos en los contratos. Por tanto, al no participar, no autorizar y no formar parte de sus contratos, pensamos que tienen que ser ellos los que vean alternativas", ha explicado.

    Así se ha expresado la primera edil al ser preguntada sobre si hay alguna fecha para la reunión que pidieron los promotores la semana pasada y "si la intención del Ayuntamiento es ejecutar la sentencia sí o sí", así como futuras indemnizaciones a los vecinos que iniciaron el procedimiento judicial.

   La semana pasada, los colectivos PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR --en representación de sus asociaciones y de los promotores de los festivales que se celebran en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València-- reclamaron una reunión "urgente" con la alcaldesa, la Generalitat y el propio complejo de ocio para "abordar de manera conjunta una solución seria, conjunta e inmediata que, dos semanas después, sigue sin llegar".

   Por su parte, Catalá ha señalado que, con independencia de que se plantearan recursos a la resolución judicial, como se trata de una sentencia por moderación de derechos fundamentales no sería suspensivo. "La sentencia tiene que ejecutarse y, por lo tanto, el Ayuntamiento va a ejecutar la sentencia a sus términos", ha aseverado.

   "Porque con independencia de que planteáramos un recurso que no es descartable, pero no por el fondo del asunto, sino porque nosotros no firmamos los contratos con los promotores en CACSA y no damos ninguna autorización y el juez nos pide una revocación de una autorización que no existe, es decir, por esa motivación; con independencia de ese posible recurso, este no suspendería los efectos de la sentencia y, por tanto, la sentencia tiene que ya ser ejecutada", ha abundado.

   Por ello, la primera edil ha señalado que el equipo de gobierno mandó una resolución a CACSA en la que se pedía que hablara con los promotores porque el consistorio no participa en los contratos que suscriben esas dos partes. "Por tanto, al no participar, no autorizar, no formar parte de sus contratos, pensamos que tienen que ser ellos los que vean alternativas", ha subrayado.

LA RESOLUCIÓN ES "CLARA"

   En este punto, ha remarcado que la resolución es "clara" y sostiene "que no se produzcan espectáculos que cumplan la ordenanza de contaminación acústica porque el juez, desde luego, ha dicho negro sobre blanco que el Ayuntamiento es responsable de una cuestión: velar por los derechos fundamentales de sus vecinos y es lo que vamos a hacer".

   "Entonces, entiendo que los promotores en atención a los criterios y a las necesidades, tendrán que abordar con CACSA su posible reubicación que es lo que le ha pedido el Ayuntamiento en atención a la ejecución de la sentencia", ha concluido.