CCOO-PV pide que la Ley de Servicios Sociales garantice las prestaciones directas y públicas a las personas dependientes

VALENCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO-PV, Joan Sifre, pidió hoy que la Ley de Servicios Sociales garantice las prestaciones sociales directas y públicas en la Comunitat Valenciana a las personas en situación de dependencia, a través de "un sistema de responsabilidad y titularidad pública". En este sentido, aseguró que su sindicato lleva años "haciendo un gran esfuerzo para atender estas necesidades presentes en la sociedad y que, en estos momentos, están cubiertas por un trabajo informal y sumergido que recae sobre familiares, fundamentalmente mujeres".

Sifre se refirió en estos términos durante una rueda de prensa en la que CCOO-PV presentó sus propuestas para el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales para la Comunitat Valenciana, que ha de remodelarse para ajustarse a la Ley estatal de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y a la que también asistió la secretaria de Política Social, Rosana Costa.

Ante ello, Sifre consideró que "hace falta un nuevo sistema de atención de protección social a estas situaciones" que, además, "podrá tener efectos positivos al generar ocupación", al tiempo que "facilitar la incorporación de las mujeres más decididamente al mercado de trabajo", sobre las que ahora "recae injustamente la atención, en el marco familiar, de personas con minusvalía, discapacidad, personas mayores o enfermos", apuntó.

Sifre se refirió a la Ley --estatal-- de Autonomía Personal y Atención para personas en situación de dependencia, actualmente en el Senado y se mostró "preocupado" porque el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales para la Comunitat, que tendrá que ajustarse al nuevo marco normativo estatal, puede crear "dificultades en la aplicación de la primera".

Advirtió que CCOO-PV será "beligerante en la aplicación de una ley que responde a las necesidades de la gente, que hemos contribuido a definir y que pude encontrar dificultades por una descoordinación entre administraciones y por los intentos o dinámicas privatizadoras del Gobierno valenciano de clara falta de responsabilidad pública en el control y prestación de servicios sociales", puntualizó.

De este modo, en el marco del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE), donde queda recogido el compromiso de abrir un proceso de concertación social en torno a la implantación del sistema en la Comunidad, teniendo como marco la Ley Estatal, CCOO-PV reivindicará sus propuestas al respecto, explicó.

PROPUESTAS DE CCOO-PV

Por su parte, la secretaria de política Social de CCOO-PV, Rosana Costa, detalló las propuestas del sindicato para mejorar la Ley de Servicios Sociales, frente a lo que consideró "un borrador del Gobierno valenciano lleno de ambigüedades, incompleto, que desdibuja la responsabilidad pública y deja a la Administración con un carácter residual".

Sin embargo, para Costa, "estamos en un momento trascendente para la construcción de un nuevo estado de bienestar" para el cual concretó las propuestas del sindicato, entre las que destacó que el Sistema de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) esté basado en "que la Administración garantice directamente la prestación universal de servicios a personas en situación de dependencia" y que sea "profesionalizada, adecuada y de calidad".

Añadió que "las prestaciones económicas deberían tener carácter excepcional", pero se mostró "preocupada" porque, a su entender, el Consell "tiene intención de cubrir la necesidad de servicios con bonos o cheques", en lugar de, como reclama el CCOO-PV, "generar e impulsar una Red pública de prestaciones y servicios sociales y de responsabilidad pública, garantizadas mediante oferta pública por la conselleria de Bienestar Social", apostilló.

En este sentido, lamentó que "el borrador valenciano no incluye un catálogo con los servicios básicos a prestar a las personas dependientes, como lo hace la Ley Estatal". Además, "debería establecerse la misma clasificación de grados y niveles de dependencia para todo el Estado", aseveró.

Para acceder a estas prestaciones y servicios, Costa resaltó que texto de la ley valenciana "debe recoger expresamente el reconocimiento del 'derecho subjetivo' de atención de las personas en situación de dependencia", esto es, la facultad individual de ser titular de ese derecho y tener la posibilidad de hacerlo valer, por lo que, "debe poder reclamarse tanto vía administrativa como judicial".

En materia de calidad de las prestaciones, afirmó que "la Generalitat deberá promover programas y acciones formativas atendiendo al desarrollo de los perfiles profesionales que el Instituto Nacional de las Cualificaciones (Incual) establezca y con la participación del Consejo Valenciano para la formación profesional".

Asimismo, propuso que la Administración pública disponga de un "adecuado" sistema de evaluación y análisis de las necesidades de las personas "basado en su grado de satisfacción". Costa pidió también "la creación de un organismo autónomo, público y regido por el derecho público, democrático y transparente, para la protección social", al contrario que la Academia Valenciana de la LLengua (AVL) "que no está regida por el derecho publico".

Rosana Costa hizo hincapié en que la implantación del SAAD "atienda las particularidades de los ámbitos rural y urbano, sin generar desequilibrios ni agravios comparativos". Explicó a su vez que su propuesta se basa en que el SAAD "se integre en la Conselleria de Bienestar Social, aunque se coordinen el Sistema de Salud y el de Servicios Sociales".

A este respecto, lamentó las "distintas voces en el gobierno valenciano, no siempre en sintonía entre ellas", al tiempo que criticó que "mientras la conselleria de Economía ha diseñado un sector 'sociosanitario' bajo la lógica empresarial, la conselleria de Bienestar Social se mantiene indiferente".

Finalmente, la secretaria de Política Social planteó crear un comité consultivo formado por el gobierno y los agentes sociales más representativos, que incluya al consejo de Mayores, al consejo de bienestar social", concluyó.