VALENCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios generales de UGT-PV y CCOO-PV, Conrado Hernández y Paco Molina, se han mostrado este miércoles "prudentes" ante la posibilidad de que las asambleas de las entidades que integran Banco Base, Cajastur, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caja Cantabria y Caja Extremadura, voten en contra del proyecto de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP).
Al respecto, Conrado Hernández, tras presentar los objetivos de la ILP conjunta de CCOO y UGT, con motivo del inicio de la campaña de recogida de firmas 'Por el empleo estable y con derechos' en la Comunitat, se ha mostrado prudente y ha confiando en que "no se complique más de lo que se ha complicado".
Por su parte, Molina ha insistido en que "lo que mal comienza mal acaba" y ha apuntado que desde CCOO "no somos nada optimistas desde la prudencia", al tiempo que ha anunciado que pedirá "responsabilidades" por la gestión realizada en la CAM antes del SIP.
Molina ha constatado que hay "una necesidad imperiosa de exigir información y transparencia que parecen que no se han dado" y ha reclamado "rigor en la información y determinación" para "aquellos que deben ser los garantes en estos procesos".
En ese sentido, ha reprochado que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en lugar de "proponer reformas laborales o bajar los sueldos" debería haber estado "preocupado en visualizar y ver cómo se estaba gestionado" los procesos de fusión de las cajas porque es "el órgano supervisor", por lo que debería haber dedicado "mucho más tiempo" a controlar los SIPs que a defender "los recortes de derechos".
Además, ha considerado que "alguno tendrá que responder de la gestión" que se ha hecho antes del SIP. Por ello, ha recalcado que CCOO "va a luchar para salvaguardar los intereses, que o están en las buena palabras ni deseos, sino en las empresas, en la ocupación y en el crédito regional". En ese sentido, ha advertido de que cuando este proceso acabe CCOO no descarta "ni una sola posibilidad" de pedir "responsabilidades a las instituciones y a los órganos de gobierno" por la gestión realizada antes de acometer el SIP.