Archivo - Exterior de la cárcel de Picassent (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo
VALNCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un total de 486 teléfonos móviles han sido intervenidos en las prisiones de la provincia de Valencia en los últimos cinco años --entre 2017 y 2021--, según ha informado Acaip-UGT. Se trata del Centro Penitenciario de Valencia y del Centro de Inserción Social Torre Espioca.
El año 2019 fue el que se registró un mayor número de aprehensiones, con 143. En el total nacional, en esos cinco años la cifra asciende a 10.275 teléfonos intervenidos.
Desde Acaip-UGT, sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, han destacado en un comunicado el trabajo que realizan los empleados públicos de prisiones para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en los centros.
En muchos casos, han apuntado, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones. Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y las relacionadas con el narcotráfico.
El uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos, por ello, los trabajadores penitenciarios dedican "grandes esfuerzos" en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico.
De hecho, se pueden encontrar en los lugares más insospechados, como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada.
Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos "perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario", por lo que "son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado, para evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior", ha apuntado el sindicato.
Pero todo esto requiere, a su vez, del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías.
Desde Acaip-UGT han insistido en la "necesidad" de ocupar todas las vacantes, ya que "las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas" y, además, "hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones". Por eso entienden que es "preciso" retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución.