CASTELLON, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Comité Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana aprobó hoy por unanimidad los dictámenes a los anteproyectos de la Ley por la que se Regulan las Empresas de Inserción para Fomentar la Inclusión Social y la Ley de Renta Garantizada de la Ciudadanía. Este último anteproyecto contó con varias enmiendas por parte del grupo de los sindicatos que fueron rechazadas, por lo que se convertirán en votos particulares.
Respecto al anteproyecto de la Ley que regulará las empresas de inserción, el CES consideró "positiva y oportuna" su tramitación. Al respecto, la secretaria autonómica de Empleo, Ana Encabo, explicó que este anteproyecto "parte de la experiencia de algunas empresas que trabajan ya en esta tarea de insertar a gente que ya está en la exclusión".
Según dijo, "es el último de los escalones más ambiciosos de trabajo desde el punto de vista de empleo con colectivos de difícil inserción", y agregó que la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía, tras Cataluña, en regular este tipo de empresas.
Por su parte, el representante del grupo de sindicatos dentro del CES, Juan Ortega, aseguró que es una ley "muy importante", puesto que "se trata de un nuevo instrumento normativo que permite que personas en exclusión puedan tener ayudas para su inserción laboral en empresas de inserción que sirven de autopista hacia las empresas ordinarias".
En sus observaciones, el CES hace un llamamiento sobre la posible confusión existente en el texto entre la regulación de la jornada de trabajo específica que se plantea en la ley y los porcentajes previstos en la normativa laboral vigente, "ya que es una contratación muy específica", indicó Juan Ortega, y añadió que respecto al tipo jurídico de empresas de inserción, en el supuesto de cooperativas de trabajo asociado, se entiende aplicable el contenido de la normativa tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores.
Finalmente, el CES entiende que se debería señalar un plazo máximo para el desarrollo reglamentario de esta ley.
En cuanto al anteproyecto de la Ley de Renta Garantizada, Ortega indicó que "es la conclusión de determinadas negociaciones entre los agentes económicos y sociales con el Gobierno para dar un salto respecto a la Prestación Económica Reglada, que no es subjetiva ni universal".
El Comité Económico y Social considera que es conveniente que el Plan de Inserción Social proponga, con carácter general, que se establezca un plan de inserción laboral, así como que debería expresarse con mayor precisión a qué se refiere la ley cuando se habla de representantes de los departamentos de Servicios Sociales y de Empleo que integrarán las Comisiones Mixtas que elaborarán el Plan de Inserción Laboral.
El grupo de sindicatos formado por UGT y CCOO presentaron una enmienda conjunta a dicho anteproyecto, que fue rechazada, en la que consideran que éste debe recoger la actualización/revisión anual de la prestación económica, debiéndose tener en cuenta el IPC real.
Así mismo, CCOO presentó otra enmienda que también se convertirá en voto particular, en la que piden que se recoja que los planes generales podrán efectuarse a través de la diputaciones, mancomunidades o municipios, y que su objetivo será tanto la prevención de las situaciones de exclusión, como la inserción propiamente dicha, y se articularán mediante convenios y otras figuras jurídicas entre las citadas entidades, el SERVEF y las consellerias competentes.
Además, CCOO solicita en la enmienda que el porcentaje sobre el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) debe estar por encima del propuesto por el proyecto de Ley y más cercano al 68 por cieno del IPREM vigente, así como que a la hora del no computo de las prestaciones recibidas por las personas interesadas a la hora de acceder a la renta garantizada se tenga en cuenta, aparte de las recogidas en el proyecto, las referidas a la ayuda al alquiler de vivienda habitual.
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