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Villegas insiste en que no todo delito de prevaricación es corrupción, lo que no impide que se pidan dimisiones por mala gestión

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos considera que el caso del diputado del PP por Castellón Óscar Clavell, procesado por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Vall d'Uixó (Castellón), no es un episodio de corrupción por lo que, de momento, no exige su acta a la dirección del PP en el contexto de la negociación abierta para la investidura de Mariano Rajoy.

Así lo ha señalado en rueda de prensa en el Congreso el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien considera que los casos de corrupción implican enriquecimiento ilícito del cargo público o de terceros, o bien financiación ilegal del partido, supuestos que no aprecian en el caso de este diputado 'popular'.

Clavell fue procesado por un juzgado de Nules (Castellón) por malversación, prevaricación y fraude en un caso de su etapa de alcalde de Vall d'Uixó, el mismo municipio del que fue primera edil la actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig.

AVALÓ FACTURAS CUESTIONADAS, SEGÚN UNA JUEZ

En el auto de procedimiento abreviado, la juez de Nules aprecia indicios de delito en el comportamiento de Clavell respecto al pago de casi 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos, todo ello "pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio" le advirtió de que éste "no se estaba ejecutando correctamente".

Según recoge el auto, Clavell "pese a los defectos de las facturas y pese a la oposición de los funcionarios correspondientes, validó personalmente su aptitud para el cobro, lo que permitió el abono de las mismas".

Sin embargo, el procesamiento fue recurrido en primavera a la vista de que Clavell era diputado. En junio, el PP volvió a presentarlo en su lista al Congreso por Castellón y revalidó su escaño, con lo que el tema se ha parado.

Ciudadanos tuvo conocimiento de este caso esta misma semana, ya firmado el pacto anticorrupción que exige apartar de cargo público a los implicados en casos de corrupción y quiso recabar información para determinar cual debía ser su posición.

"Por la información que tengo, no es un caso de corrupción política", ha sentenciado este miércoles el 'número dos' de Ciudadanos. Eso sí, si con el tiempo tuvieran datos que indicaran otra conclusión, no dudarían en exigir la aplicación del pacto y la destitución del diputado.

TAMPOCO SE PIDIÓ LA DIMISIÓN DE UN CONSEJERO ANDALUZ

Según Villegas, para que un caso de investigación judicial a un cargo político se considere corrupción debe existir enriquecimiento ilícito personal o financiación ilegal del partido, una distinción que ya se acordó con el PP en comunidades como Murcia y Madrid, y también con los socialistas en Andalucía. Por ello, recordó que su partido no pidió la destitución del consejero andaluz de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, imputado por una adjudicación cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.

Eso sí, ha remarcado que, aunque el delito que se imputa a un cargo político no sea de corrupción, no impide que se pueda pedir su dimisión por ejercer mal el cargo. Puso como ejemplo los delitos contra la Hacienda pública que, aun siendo del ámbito privado, inhabilitan para ejercer un cargo público.

"La prevaricación es uno de los delitos que da problemas porque no todos los casos son corrupción, lo cual no quiera decir que no haya que pedir la dimisión de ese cargo, pero no por corrupción", ha añadido.

Además, ha señalado que Ciudadanos pide dimisiones de cargos municipales como Clavell o los compañeros de Rita Barberá en valencia, pero no todos los casos locales deben trasladarse al pacto de investidura de Mariano Rajoy. "Lo pedimos en su ámbito, pero no en este pacto anticorrupción", ha comentado.

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