Ciudadanos pide a la jueza de las VPP de Alicante que cite como testigo al técnico expedientado por visados de Les Naus

   ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La acusación popular del partido Ciudadanos en la causa que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, ha pedido a la jueza que cite como testigo al técnico al que la Conselleria de Vivienda expedientó --fue suspendido de empleo y sueldo-- por visados de esta promoción.

   Así se desprende de un escrito con fecha de presentación de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que reclama que se practique una prueba testifical a este funcionario, "jefe de la Sección de Vivienda Protegida".

   Todo ello, después de que un cargo de Vivienda manifestara como testigo el pasado miércoles ante la magistrada que investiga las adjudicaciones que ese funcionario le dijo "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades".

   De este modo lo apuntaron fuentes conocedoras de esa declaración, en la que también participaron otros dos técnicos de la Conselleria e indicaron que ese trabajador revisó personalmente y por iniciativa propia esos expedientes sobre los inmuebles.

   Se da la circunstancia de que una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese funcionario que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

   Precisamente, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en que ese técnico ha regresado a su puesto de trabajo, "pero no lleva tareas de visado" de inmuebles. El jefe del Consell ha hecho hincapié en que la administración autonómica abrió un expediente a este empleado, si bien al haber una "investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa" y esta persona se ha reincorporado.   

"RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA"

   En su escrito, Ciudadanos reclama a la jueza que cite como testigo a ese funcionario de Vivienda por, de acuerdo con esta acusación popular, su "responsabilidad exclusiva en la tramitación". En concreto, argumenta que, según un informe de la Secretaría Territorial Adjunta de Vivienda del 2 de febrero, ese trabajador "fue el técnico responsable único de la revisión e instrucción de la totalidad de los expedientes de visado de dicha promoción".

   También apunta a un posible "conflicto de interés y falta de imparcialidad". "Es necesario aclarar la posible concurrencia de causas de abstención o recusación, dado que el citado técnico tiene, presuntamente, a su esposa como adjudicataria de una de las viviendas de la promoción bajo su supervisión, lo cual pone en duda la objetividad de sus actuaciones técnicas y validaciones", añade.

"ADMISIÓN DE RESPONSABILIDAD"

   Asimismo, la acusación popular de Ciudadanos habla de "admisión de responsabilidad", al señalar que, "como consta en las diligencias y declaraciones previas", al ser cuestionado el secretario territorial adjunto de Vivienda sobre este asunto, "manifestó" que, al interpelar al funcionario "sobre las posibles irregularidades, este admitió haberse equivocado y expresó su voluntad de asumir toda la responsabilidad".

   Finalmente, ve "necesario" saber "los motivos concretos de la actuación del citado técnico a la vista de que no solo pudo presuntamente beneficiar a su esposa, sino también a otras personas", debido a que "visó como correctos determinados expedientes que no cumplían con los requisitos legales, así como por falta de documentación esencial para ser adjudicatario de dichas viviendas".