El CLER denuncia desahucio de una familia afectada por la dana y con informe de vulnerabilidad en Catarroja

Archivo - Imagen de un voluntario en la dana

- AYUNTAMIENTO DE MANISES - Archivo

   VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Local de Emergencias y Reconstrucción (CLER) de Catarroja (Valencia) ha denunciado el desahucio de una familia con tres menores de edad a su cargo y afectada por la dana a pesar de contar con un informe de vulnerabilidad y considera que este hecho "pone en evidencia el fracaso de las instituciones a la hora de garantizar los derechos más básicos, especialmente el derecho a la vivienda y los derechos de la infancia".

   Así lo ha señalado la entidad en un comunicado donde ha indicado que el desahucio, que tuvo lugar el pasado 28 de enero, se llevó a cabo "a pesar de existir un informe de vulnerabilidad, en el primer intento y sin ninguna prórroga ni solución temporal".

   De este modo, ha asegurado que se trata de una situación de "extrema gravedad" que "pone en evidencia el fracaso de las instituciones a la hora de garantizar los derechos más básicos, especialmente el derecho a la vivienda y los derechos de la infancia".

    Desde el CLER de Catarroja han insistido en que se trata de una familia de siete personas entre las que se encuentran tres menores, uno de ellos un bebé, que "han quedado sin ninguna alternativa habitacional".

   La vivienda en la que vivía la familia de alquiler estaba ubicada en la planta baja y resultó afectada por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Según han indicado, "el propietario recibió ayudas públicas para su rehabilitación, pero no las destinó a reparar el inmueble".

    "Fue la propia familia, con el apoyo de personas voluntarias, quien asumió el esfuerzo económico y material para hacerla habitable. Ahora que la casa está arreglada, se les expulsa, evidenciando una vez más como la vivienda funciona como mercancía y no como derecho, y poniendo de manifiesto la ineficacia de las instituciones públicas y el sistema que las mantiene, que han vulnerado los derechos fundamentales de las personas, dejándolas desprotegidas ante el desahucio del que han sido víctimas", han manifestado.

   En esta línea, han sostenido que este caso "no es un hecho aislado" y "forma parte de un problema habitacional creciente, agravado por una respuesta tardía, lenta o directamente inexistente por parte de la administración pública".