El COEESCV denuncia una agresión a una educadora social por parte de una adolescente en Borriana (Castellón)

CASTELLÓ 6 May. (EUROPA PRESS) - -

El Col.legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV) ha denunciado la agresión que ha sufrido una educadora social por parte de una adolescente en Borriana (Castellón).

Según ha indicado en un comunicado, se trata de una trabajadora de la Fundación Antonio Moreno, que ha sido atacada en la vía pública mientras ejercía su labor profesional en el ámbito de infancia y adolescencia.

El COEESCV ha explicado que la educadora acudió a localizar a una adolescente que había abandonado el hogar sin permiso y, al encontrarla, sufrió una agresión con arma blanca en el brazo.

Este "grave" suceso -ha apuntado la entidad- "vuelve a poner en evidencia la precariedad de medios, la falta de recursos suficientes y las condiciones de riesgo con las que trabajan muchas profesionales del sector social".

"No podemos normalizar las agresiones como parte del trabajo. Exigimos medidas urgentes, refuerzo de plantillas, ratios adecuadas y garantías reales de seguridad", ha subrayado el COEESCV.

MANIFIESTO

En un manifiesto, la Plataforma de Profesionales del Sector Social apunta que la violencia contra los profesionales del sector social ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un problema estructural. Según el Informe Estatal sobre Violencia y Desprotección en el Sector Social (2025), el 50 por cienot de las trabajadoras ha sufrido agresiones verbales, el 25% amenazas y el 10% agresiones físicas.

"No se trata de incidentes puntuales, sino de la consecuencia de un sistema al límite: el colapso administrativo, la falta de recursos, la precariedad laboral -con un 70 por ciento del personal sin estabilidad- y el aumento de la vulnerabilidad social están incrementando la conflictividad en la atención directa", denuncia la entidad.

La Plataforma apunta en dicho manifiesto que, en el ámbito de la infancia y adolescencia, la situación en la Comunitat Valenciana es "especialmente crítica", y destaca que en 2024 se registró un repunte "histórico" de agresiones, con un aumento de la conflictividad en centros de recepción y acogida.

"Los recursos están masificados y, en muchos casos, duplican su capacidad autorizada", señala la entidad, que especifica que 'Torre de Alborache' (València) tiene 84 plazas autorizadas y 120 ocupadas; 'Alacant posee 24 plazas con media real de 54; y Verge de Lledó I (Castellón) tiene 12 plazas con 24 ocupadas. Según la Plataforma, la creación de macrocentros no ha resuelto el problema: "la masificación dificulta la convivencia, impide el trabajo en grupos educativos e imposibilita la atención individualizada que establece la normativa".

Al respecto, indica en el manifiesto que los centros de menores se han convertido en "espacios de alta tensión" debido a la llegada de perfiles de elevada complejidad, la falta de personal especializado -especialmente en salud mental-, el hacinamiento y los retrasos administrativos en la gestión de menores extranjeros no acompañados".

Además, resalta que en las residencias públicas de la Generalitat Valenciana no se respetan las ratios, y se trabaja en condiciones precarias. "Esto lleva a la saturación de las profesionales y de los servicios, como consecuencia la atención hacia la infancia y la adolescencia se deteriora", añade.

BAJAS LABORALES

Por otra parte, la Plataforma indica que las bajas laborales también han aumentado, principalmente por estrés. "Las bolsas de trabajo no están sirviendo para cubrir sustituciones de vacaciones y de incapacidad temporal, lo que condiciona gravemente el funcionamiento de los centros", agrega.

"Especialmente grave es la situación de las residencias de menores, diversidad funcional y mayores en la provincia de Alicante, que acumulan meses de impagos de complementos salariales, trienios y carrera profesional, asfixiando recursos que acabarán privatizando, como ya están haciendo en Valencia y Castellón", manifiesta la Plataforma.

A esta situación -ha lamentado- se suma el bloqueo de los pliegos en los centros concertados -sin renovar en algunos casos desde 2019-, "lo que impide mejoras salariales, la cobertura de bajas y la dotación adecuada de recursos".

HUELGA GENERAL

En este contexto, las y los profesionales del sector están iniciando conversaciones para promover una huelga general del sector social "como respuesta a la falta de soluciones".

Ante este escenario, la Plataforma de Profesionales del Sector Social exige medidas urgentes: refuerzo de plantillas, ratios dignas, recursos especializados, actualización de los conciertos, protocolos eficaces frente a agresiones y garantías reales de seguridad y protección jurídica.