Publicado 09/04/2021 20:48

Comissió Ciutat-Port acusa a Puertos del Estado de "eludir responsabilidades" y llegará "hasta las últimas"

Archivo - Vista aérea del Puerto de Valencia
Archivo - Vista aérea del Puerto de Valencia - APV - Archivo

VALNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port ha acusado a Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de "eludir sus responsabilidades" en la ampliación norte del Puerto de Valncia, que "podría ser ilegal", y ha lamentado su "comportamiento abstencionista" porque "ha evitado pronunciarse sobre la cuestión clave del impacto en el medio ambiente y la salud". El colectivo ha manifestado su disposición a acudir a los tribunales para "exigir responsabilidades hasta las últimas consecuencias".

Así lo ha manifestado la plataforma tras conocer que Puertos del Estado ha determinado que la declaración de impacto ambiental (DIA) para la ampliación norte del puerto de Valncia, concedida en 2007, sigue vigente y que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) es la encargada de determinar la necesidad de una nueva evaluación.

Ante esta situación, la Comissió Ciutat-Port, en un comunicado, ha exigido que se haga público el informe que "justifique la decisión" de Puertos del Estado, así como el proyecto definitivo de las obras que pretende realizar la Autoridad Portuaria de Valncia (APV).

Para la Comissió, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), fruto de una evaluación ambiental "realizada hace quince años", ha "perdido vigencia". El colectivo ha afirmado que las circunstancias ambientales "de hace quince años no son las de 2021", en "plena situación de emergencia climática reconocida por las mismas autoridades que ahora dan el visto bueno a una ampliación que ni siquiera se ajusta a la documentación aportada cuando se realizó la evaluación, que consideran obsoleta y no adecuada a la realidad actual".

En este sentido, el colectivo ha acusado a Puertos del Estado de "eludir sus responsabilidades" al establecer que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) es la encargada de determinar la necesidad de una nueva evaluación. A juicio de la Comissió, esta circunstancia "convierte a la APV, promotora de la ampliación, en juez y parte interesada de la resolución final a adoptar".

"Esta decisión aboca a la ciudadanía a una situación de absoluta inseguridad jurídica al convertir a la Autoridad Portuaria de Valncia en juez y parte", ha apostillado.

"HARTAZGO"

De la misma forma, la Comissió ha expresado su "hartazgo" ante las declaraciones y comparecencias de los responsables de la APV "mientras siguen sin contestarse de manera individual y razonadas las alegaciones ciudadanas presentadas hace más de un año" y "ni siquiera se ha hecho público el proyecto definitivo de la macro ampliación".

Así, la organización ha exigido que se hagan públicos los informes en los que se basa el posicionamiento hecho público por Puertos del Estado para poder "estudiar" su contenido, "rebatirlo públicamente y recurrirlo ante los tribunales".

"Resulta indignante que el organismo estatal al que, según la ley, corresponde llevar a cabo la aprobación del proyecto de la actuación, a la vista de las circunstancias ambientales actuales y las de hace quince años, eluda sus responsabilidades para volver a dejar a las puertas de la APV una decisión que arrastra casi año y medio de retrasos", ha manifestado.

Por otro lado, también ha lamentado que la "extraña fórmula" de "no pronunciarse" de Puertos del Estado "no desvanece las dudas sobre la eventual adjudicación de la concesión para la explotación de la ampliación norte a la naviera MSC". "No únicamente por el tiempo transcurrido, sino por el hecho de que la empresa de transportes hizo su oferta basándose en un anteproyecto que ha experimentado numerosos cambios y todavía tiene que ser adaptado a las nuevas recomendaciones técnicas, incluidas en el informe de Puertos del Estado", ha añadido.

La Comissió Ciutat-Port ha insistido en que los informes técnicos y jurídicos aportados razonan, por un lado, la "pérdida de vigencia de una DIA cuyos datos y evaluación tienen ya quince años de antigüedad", y, por otro lado, los "efectos adversos que tendrían lugar con la ampliación, tanto para las playas del sur y la Albufera, así como para la salud de la población, al incrementarse el tráfico marítimo y de vehículos pesados alrededor de las instalaciones portuarias".

Asimismo, ha rechazado la "concepción anacrónica de la realidad de la que alardean tanto Puertos del Estado como la APV", que "continúan apostando por macro infraestructuras y desarrollos basados en el cemento, en vez trabajar en la lógica de la transición ecológica, la defensa del territorio y la salud de las personas".

Finalmente, la Comissió Ciutat-Port ha manifestado su disposición a "movilizar a la sociedad civil y acudir a los tribunales" frente a Puertos del Estado y la APV "en defensa del derecho a la salud y al medio ambiente que la Constitución reconoce" y "exigir responsabilidades hasta sus últimas consecuencias".

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