Compromís pide investigar en Les Corts la adjudicación de VPP en Alicante: el Plan Vive se ha convertido en "vividores"

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha registrado una petición para crear una comisión de investigación en Les Corts Valencianes sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante a raíz de la polémica sobre el proceso de una promoción en Playa de San Juan. "El plan Vive se ha convertido en el plan 'vividores'", denuncia la formación.

Así lo han propuesto desde la coalición, después de conocerse que la que hasta hace unos días concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal hayan adquirido y tengan escrituradas a su nombre cuatro de esas viviendas de protección.

"Hoy sabemos que el plan Vive se ha convertido en el plan vividores, que es en definitiva el modus operandi que siempre ha tenido el PP: beneficiar a los suyos, lo digas cuando lo digas, lo digas el año que lo digas, o lo digas en la legislatura que lo digas, es aprovecharse de la política en beneficio propio", han denunciado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la diputada Mª Josep Calabuig, en declaraciones a los medios este lunes.

Ante esta situación, Compromís plantea esta comisión de investigación en Les Corts "para que se aclare qué es lo que ha pasado con esas viviendas de protección oficial que se han adjudicado en Alicante a miembros del PP, a cargos del PP y a personas muy relacionadas con el PP", ha expuesto Baldoví.

Por su lado, Calabuig ha advertido de que no se trata "de un caso aislado y anecdótico, sino que al final lo que se está haciendo es poner en evidencia y demostrar la estrategia del PP en materia de vivienda: un modelo que deja de lado a las familias y a las personas con rentas bajas y medias para beneficiar a familias y personas con rentas altas, y en concreto a personas que tienen carnet del PP y que viven en el entorno del gobierno autonómico".

PERSONAS CON "SUELDAZOS" DE 70.000 EUROS

Y para conseguir ese objetivo, ha continuado, "en su momento ya presentaron el plan Vive, en plan de los vividores como estamos viendo ahora, y también han modificado la normativa para acceder a la vivienda pública", de manera que ahora "personas con sueldazos de casi 70.000 euros pueden acceder a pisos protegidos". "Mientras que familias valencianas que ni siquiera llegan al final del mes no pueden permitirse una vivienda, tenemos cargos del PP que están repartiéndose las viviendas", ha denunciado.

Ante esta situación, ha indicado que el propósito de la coalición al proponer esta comisión de investigación "es que esto se investigue y se haga justicia", más todavía en un contexto en que "tenemos a familias valencianas que no encuentran un piso y que es muy complicado encontrar una vivienda digna y asequible". Para la diputada, el caso de Alicante es "un grito al cielo ya, porque evidentemente lo que hacen falta son medidas y políticas contundentes en materia de vivienda".

"CAIGA QUIEN CAIGA"

   Posteriormente, el PSPV ha anunciado que también ha registrado este lunes una propuesta de comisión de investigación en Les Corts sobre la adjudicación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana tras el "escándalo" de Alicante. "Si el Partido Popular bloquea esta comisión de investigación, los y las socialistas valencianos iremos hasta el final para depurar responsabilidades políticas, caiga quien caiga. La vivienda pública no es ningún favor, es un derecho", manifiesta el diputado del PSPV José Díaz.

   En un comunicado, el parlamentario socialista subraya que "solo en la ciudad de Alicante hay más de 5.000 personas esperando una vivienda pública mientras que se adjudican a cargos del Partido Popular y su entorno". "Esto no es mala suerte, ni un error administrativo: es un abuso de poder", recalca.

   Además, insiste en que esta comisión no solo debe analizar los casos concretos en Alicante, sino también examinar el funcionamiento general del sistema de adjudicación de vivienda pública en toda la Comunitat Valenciana para garantizar transparencia, igualdad de acceso y el cumplimiento de la ley: "No podemos permitir que las viviendas destinadas a quienes más las necesitan se conviertan en moneda política".