Comunidad Valenciana y Madrid consideran "sectario" el reparto del Ministerio de Justicia de nuevas unidades judiciales

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de justicia de la Comunidad Valenciana, Miguel Peralta, afirmó hoy que el Ministerio de Justicia "ha demostrado un carácter bastante sectario a la hora de distribuir las nuevas unidades judiciales en el conjunto de España", ya que la Comunidad valenciana y la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP, son, a su juicio, "las peor dotadas" en el reparto de las nuevas unidades judiciales.

Peralta hizo estas declaraciones a la salida de la conferencia sectorial presidida por el ministro de Justicia, Juan Fernando lópez Aguilar, en la que participaron las comunidades que cuentan con las competencias transferidas en esta materia, es decir, País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad valenciana, Asturias, Andalucía, Navarra, Madrid y Canarias.

Así, el consejero valenciano valoró el "esfuerzo por parte del Ministerio" sobre este asunto, pero añadió que "ese esfuerzo no va siempre bien encaminado hacia aquellas zonas donde más necesidades hay en materia de justicia". "Las unidades se crean en autonomías donde hay una mayor sintonía política, cuando a lo mejor lo necesitan menos", apostilló.

El Ministerio de Justicia ha aumentado en 14 las unidades judiciales en la Comunidad Valenciana para el 2007, una más de las previstas inicialmente. El consejero valenciano explicó que tiene la "sensación de que el Ministerio de Justicia está en una situación de interinidad con un ministro interino, que no está tomando las decisiones importantes que necesita la justicia en España".

Además, Peralta destacó un hecho que le ha llamado "muchísimo la atención", que es que en el último punto del orden del día "se han tratado temas que ni siquiera estaban contemplados". "Se ha empezado hablar de la justicia de proximidad, que para la Comunidad Valenciana y para el PP es una cuestión que incide negativamente en el derecho de igualdad de todos los españoles".

En este sentido, agregó que en la reunión se trató la situación del cuerpo de secretarios judiciales, del que dijo que se lo "quieren cargar" como un cuerpo nacional. "La Comunidad valenciana y el PP, vamos a estar absolutamente en contra de esta idea, porque concebimos que el papel de los secretarios judiciales es fundamental tal y como está concebida ahora en España como cuerpo nacional", dijo, y añadió que "el Gobierno de Zapatero está maniatado por sus débitos en cuanto a los apoyos a distintos grupos políticos que no quieran esa configuración como cuerpo nacional de secretarios".

CATALUÑA Y PAÍS VASCO, INSATISFECHAS

Además, el consejero de Justicia de la Generalitat catalana, Josep Maria Vallès, indicó, en declaraciones a Europa Press, que las "necesidades de Cataluña no quedan satisfechas" ya que su aspiración era obtener 24 unidades judiciales adicionales, mientras que el Ministerio les ha concedido 16. "24 eran las unidades que, desde una aspiración realista, consideramos que convenía incorporar a la planta judicial de Cataluña", subrayó.

De esta manera, Vallès destacó que los problemas de la Justicia "no se resuelven sólo con políticas de incremento de recursos", porque ésta es, a su juicio, "la salida fácil". "La solución a los problemas de la justicia pasa por una revisión a fondo de su estructura y organización que está capturada por modelos y esquemas de otros tiempos", afirmó.

Por su parte, el viceconsejero vasco de Justicia, Josu Jon Sagasti, manifestó que las unidades judiciales que esta comunidad necesita "son superiores a las tres que el Ministerio" les otorga para el 2007. "Nosotros tenemos necesidades superiores, y están justificadas en base a datos, y solicitamos una dotación de 7 unidades judiciales para el 2007, es decir, un incremento superior al cien por cien de lo que se nos ha otorgado", indicó.

Asimismo, el consejero de Justicia asturiano, Javier García Valledor, dijo que "hay una preocupación compartida" entre los consejeros de Justicia de las distintas autonomías "por el retraso de las reformas procesales que está impidiendo la puesta en marcha de la oficina judicial y de la nueva organización de la administración de la Justicia". El Ministerio de Justicia ha aumentado en dos las unidades judiciales para el Principado para el 2007.

Sobre esta conferencia sectorial, García Valledor dijo haber percibido "una contaminación importante en el diálogo" por las posturas "partidistas" de cada autonomía. "La impresión que yo me llevo de esta conferencia sectorial es la de un debate más parlamentario que de ejecutivos", apuntó.

Así, el consejero del Principado indicó que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas tienen "un reto por delante, que es la mayor eficacia de la administración de la justicia en el conjunto del Estado".

SATISFACCIÓN EN GALICIA Y ANDALUCÍA

Por su parte, el consejero de justicia de Galicia, José Luis Méndez Romeu, manifestó, en declaraciones a Europa Press, que la creación de seis nuevas unidades judiciales supone "un paso extraordinario en la mejora de la planta judicial gallega". Con este aumento, añadió, se permite "cubrir la demanda de aquellas localidades donde había un ratio de respuesta muy lento, como es el caso de Vigo y La Coruña, o en localidades como Cambados o Ordes".

Aunque Méndez Romeu dijo que con estas seis nuevas unidades Galicia tendrá "capacidad de respuesta para el 2007", reconoció que su Departamento había estudiado, junto con el TSJG, "un número mayor" de unidades, por lo que, para el 2008, presentarán una "nueva relación" en la que se aumenten las nuevas unidades.

Por su parte, la consejera de Justicia andaluza, María José López González mostró sus satisfacción por la creación de 20 nuevas unidades judiciales en Andalucía, y añadió que de esta manera se corrige "un déficit" en la creación de nuevas plazas en Andalucía cuando estaba en el Gobierno de la Nación el Partido Popular.

Finalmente, López indicó que la pretensión de la junta eran 25 unidades, pero desde la junta entendían que tenían que ser "solidarios con otras comunidades" aunque Andalucía "sea el territorio con mayor población y la comunidad con más alta litigiosidad".