Imagen de la concentración. - EUROPA PRESS
VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una concentración frente al Palau de la Generalitat, en València, ha mostrado su absoluto rechazo a la 'prioridad nacional' --aprobada por PP y Vox en Les Corts a finales de julio-- y ha dejado claro que "no" reclaman "caridad", sino que se cumpla la Ley para la igualdad de trato: "No pedimos ninguna otra cosa más, no pedimos una caridad, sino al contrario, que se cumpla esta ley a nivel nacional".
De esta manera lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, Katherine Trujillo, una de las portavoces de la acción llevada a cabo este viernes, un acto convocado por València pels Drets de les Persones Immigrades, espacio conformado por más de cuarenta organizaciones y colectivos de València.
Los asistentes han portado una pancarta bajo el lema 'No a la Prioridad Nacional. La Prioridad son los Derechos' y se han escuchado proclamas como "Cap inmigrant és il·legal" (Ningún inmigrante es ilegal), "Prioridad nacional, no, no, no", "La prioridad son los derechos", "La prioridad son las personas", "Los derechos no se empadronan", "Prioridad humana" o "No al racismo".
Trujillo, que ha denunciado que la 'prioridad nacional' "ya se ha empezado" a aplicar en la Comunitat Valenciana, ha incidido en que desde la asociación pusieron en marcha a principios de noviembre una recogida de firmas online para mostrar rechazo ante citada medida "implementada dentro de la administración pública". La incitativa ha sido suscrita por unas mil personas.
Sobre las elecciones generales del 29 de noviembre, ha afeado que "hay partidos" que sus programas recogen la 'prioridad nacional', si bien ha insistido en que están centrados en "rechazar" esta medida en la Comunitat Valenciana porque "ya somos de las primeras comunidades" en aplicarla, "sino la única".
Dicho esto, ha lamentado que "ya estamos notando los efectos en las personas migrantes en especial, pero no solamente en ellos, sino también en personas nacionales que están en situación de vulnerabilidad o que se encuentran ya emancipadas de su familia como es la gente joven o incluso personas que vienen desde otras comunidades".
No obstante, ha hecho hincapié en que el Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026. De los 200 artículos de la norma --aprobada por PP y Vox en Les Corts a finales de julio--, el Gobierno quiere impugnar 20, entre ellos el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a vivienda y prestaciones sociales.
CERTIFICADO DE PADRÓN
Con todo, ha lamentado que estas medidas aprobadas "impactan, sobre todo, en el área de vivienda, en los servicios sociales y en educación". En la primera, ha subrayado, "las personas migrantes tendrán que, no solamente demostrar un empadronamiento, que ya de por sí es complicado mostrar un certificado de padrón", sino "demostrar cinco años en caso de que quiera solicitar vivienda en alquiler público o si quiere solicitar vivienda para compra tiene que acreditar diez años del empadronamiento".
En cuanto a servicios sociales, tal como ha explicado, afecta a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), "donde antes se requería un año solamente de empadronamiento" y "ahora tres". "Lo que no queremos ahora mismo es que se vinculen todas estas cuestiones al empadronamiento en sí, porque ya de por sí es complicado, sino que se ajuste directamente a las necesidades de las personas que residen aquí en la ciudad", ha apostillado.
Trujillo, además, ha hecho notar que la 'prioridad nacional' afecta "a toda la gente que viene": "Por lo tanto, no solamente es una cuestión migrante, sino también a la gente nacionalizada, a la gente nacional, autóctona, de aquí, como cualquier otra persona que obviamente decida vivir en esta ciudad o en esta comunidad".
Por último, ha lanzado un mensaje a la Generalitat subrayando que lo que pretenden es que se cumpla la Ley de Igualdad de Trato. "No pedimos ninguna otra cosa más, no pedimos una caridad, sino al contrario, que se cumpla esta ley a nivel nacional", ha comentado, para criticar: "Pero es que además incluso la prioridad nacional ahora mismo estaría infringiendo tratados internacionales".
Entonces, ha zanjado, "no pedimos nada más que se cumpla todo esto y que obviamente se centre en que los derechos sean precisamente para las personas que lo necesitan y que no se ligue precisamente al empadronamiento, que es un documento administrativo que ahora mismo es imposible en muchos casos poder registrar o poder tramitar".