VALENCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia ha condenado a un ginecólogo a indemnizar con 36.444,11 euros a una mujer a la que no le informó correctamente sobre sus opciones tras presentar complicaciones durante el embarazo. Se le tuvo que practicar una cesárea en la semana 28 y perdió a su bebé a las pocas horas.
Así consta en una sentencia, en la que el juez estima la demanda interpuesta por la mujer, representada por los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente, contra su ginecólogo y su compañía médico por perder a su bebé tras no recibir suficiente información sobre sus complicaciones, y sufrir ella tanto secuelas físicas como psicológicas.
La mujer, con problemas de tiroides, se quedó embarazada en el año 2008 pero al poco tiempo abortó. Después se sometió a dos fecundaciones in vitro, y en la segunda ocasión, con óvulos donados, y con 49 años, se quedó embarazada.
Cuando cumplió la semana 21 + 2 del embarazo --cinco días antes de que se cumpliera el plazo para poder abortar--, tuvo que ingresar en el hospital por rotura prematura de membrana. En este tipo de gestaciones en las que no se ha llegado a la semana 22 --añade el juez-- hay que ofrecer y aconsejar la interrupción del embarazo, sobretodo cuando hay escasez de líquido amniótico, ya que los peligros para la madre y el feto son muchos y las posibilidades de éxito pocas. Y luego, pasadas las 22 semanas, las cosas son más complicadas, pues para autorizar el aborto tiene que intervenir un comité clínico.
Por este motivo, en esa frontera de las 22 semanas, los padres deben decidir después de una información completa, por escrito, dada la trascendencia de esta decisión. Sin embargo, en este caso solo se advirtió de que era un embarazo de mal pronóstico y no se informó adecuadamente de los peligros y riesgos por escrito para que los padres decidieran con conocimiento de causa, y simplemente se siguió con el tratamiento conservador.
DE MAL EN PEOR
Las cosas fueron de mal en peor, como lo demostraban las ecografías en las que el líquido amniótico era prácticamente inexistente, lo cual conducía con toda probabilidad a malformaciones posturales, morbilidad neurológica e hilopasia pulmonar, con una alta tasa de morbimortalidad.
Se impuso reposo total a la mujer, pero la dureza de esta situación, unida a la falta de expectativas de éxito, puesto que ya la paciente iba conociendo la realidad de la situación, hizo que se plantearan incidentes y cuestiones desagradables con los médicos y el personal de la clínica, "cosa que era previsible dada la personalidad nerviosa de la paciente y la tensión psicológica a que estaba sometida".
Ello lleva a que en la semana 25 el doctor condenado solicitase la interrupción del embarazo, pero éste, en lugar de enviarla al comité clínico para examen del caso a efectos de autorización --tal y como suele hacerse-- llamó por teléfono a un compañero, miembro de la comisión de expertos para decidir sobre la interrupción, el cual le contestó que si no había malformación en el feto, no se concedía.
Ante ello, parece que la paciente manifestó que si no se iba a autorizar, para qué iba a ir a esa comisión, por lo que continuó el reposo, pero en la semana 28 le apareció fiebre y, ante el peligro de sepsis y una complicación tan grave para la madre y el feto, como es la corioamnionitis, se decidió inmediatamente y previo consentimiento informado por escrito realizarle una cesárea.
Así, se extrajo al niño --de 1.100 gramos-- el día 18 de septiembre de 2011, y se puso al bebé en manos de los pediatras, pero a las seis horas falleció a causa de una complicación, que era previsible, de hipoplasia pulmonar severa.
DOS DÍAS EN LA UCI
La madre, quien tuvo que estar dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), fue dada de alta el 27 de septiembre siguiente, y se quedó en muy mal estado físico y psíquico por todo lo ocurrido. Luego tardó bastante tiempo en recuperarse y le han quedado secuelas como dolor a nivel del sacro e hipotonía muscular de miembros superiores e inferiores, inestabilidad, pérdida de equilibrio, problemas abdominales con protusión herniaria, incontinencia urinaria que está provocando serios problemas en la vida diaria, con alta dosis de ansiedad y trastorno depresivo que requieren tratamiento en Salud Mental.
La mujer presentó una demanda contra el médico y la aseguradora y pedía una indemnización de daños y perjuicios por negligencia profesional, y el juez estima que el especialista actuó mal.
Llega a esta conclusión al entender que el médico, "siguiendo una mentalidad netamente conservadora", manifestó a la paciente que se trataba de un embarazo "con mal pronóstico", pero que iban a tratar de llevarlo adelante, teniendo en cuenta que la mujer deseaba mucho tener el hijo, ya que era su última oportunidad en este sentido, sin que constara que ni verbalmente ni por escrito le explicara los peligros y riesgos que asumía para el feto y para ella. "¿Actuó bien o mal? Entiendo que la respuesta negativa se impone", afirma el juez.
El magistrado estima que el especialista debió de tener en cuenta la fecha tope de las 22 semanas para decidir, ya que después iba a ser mucho más complicado el aborto o no. De esta forma, vulneró la legalidad vigente, relativa a que "el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles". El consentimiento en casos graves como éste "debe ser prestado por escrito", agrega el magistrado.
Por todo, condena al ginecólogo valenciano y a la aseguradora médica a indemnizar a la paciente con 36.444 euros, más los intereses legales y el pago de las costas.
