Las tres organizaciones piden que la ley se apruebe "tal y como salió del Congreso" puesto que discrepan con algunas medidas introducidas en el Senado
VALENCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación 'Gonzalo Anaya' instaron hoy al conseller de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro Font de Mora, a "pactar" con las organizaciones implicadas en el sector de la educación para "consensuar una aplicación autonómica de la Ley Orgánica de Educación (LOE)", según explicó hoy en rueda de prensa la presidenta de la Confederación 'Gonzalo Anaya', Josefa Sánchez.
En este sentido, señaló que la aplicación de esta ley en la Comunidad Valenciana "se prevé difícil" puesto que "se trata de una ley impulsada por fuerzas de izquierdas y que se tiene que aplicar en una comunidad --en referencia a la valenciana-- gobernada por la derecha". Así, explicó que "el principal problema" es que el conseller de Educación "ha declarado que ya sabe cómo aplicará la ley en esta autonomía" y lamentó que "no se haya contado todavía con la opinión de las organizaciones más relacionadas con el sector de la educación".
Asimismo, indicó que, en caso de no producirse ninguna reunión, "se realizarán movilizaciones antes de este verano" y que el principal objetivo de éstas será "alzarse en contra de que se mande lo que se tiene que hacer sin llegar antes a un consenso previo y sin escuchar la voz de los implicados".
Por este motivo, instó a "las fuerzas políticas y sociales de izquierdas" a que "realicen un esfuerzo y un posicionamiento que permita consensuar propuestas comunes ante la necesaria concreción autonómica de la LOE que llevará a cabo la Conselleria de Educación". Manifestó que es "necesario" que en esta aplicación autonómica "se garantice una mayor democratización de los centros públicos, una verdadera equidad en la enseñanza y una distribución equitativa del alumnado", así como "la presencia de un representante de la administración local en todos los consejos escolares de los centros que prestan servicio público".
Además, exigió que "se ofrezca una atención adecuada a la compensación educativa y una mayor calidad de la enseñanza" a la vez que se "reconozca el esfuerzo profesional del sector docente". Consideró que se trata de un "reto difícil" y que el objetivo común es "conseguir una ley de financiación adecuada".
Por su parte, el secretario general de educación de CCOO, Manuel Picó, quien también participó en la rueda de prensa junto a la representante de la Junta Directiva y presidenta de la Fapa-Valencia, Gemma Piqué, y el representante de UGT, Laureà Puig, apuntó que "lo que se teme" y "lo que no se va admitir" es "que la aplicación de la LOE en la Comunidad permita ceder suelo público para construir centros privados para luego concertarlos, tal y como se hace en Madrid".
En este punto, consideró que la política educativa del Consell "enfatiza la educación privada" y "destruye los servicios públicos", por lo que afirmó que el problema de la educación valenciana reside en "que se invierte más en proyectos faraónicos innecesarios que en la construcción de escuelas públicas". Por ello, añadió que la ley "debe ser aplicada como tal en todas las autonomías" y lamentó que "se pueda utilizar como arma política e instrumento de guerra política".
LEY EN EL SENADO
Asimismo, la Gemma Piqué, exigió que la LOE "salga aprobada como salió del Congreso, no como salió del Senado", puesto que, explicó, en la cámara alta "se han introducido algunas enmiendas que no se ajustan a lo que pedimos".
En este sentido, el manifiesto firmado hoy por las tres organizaciones recoge que la asignatura de religión no tiene que tener alternativa para aquellos alumnos que opten por no cursarla, por lo que "ninguna asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos tiene que ser alternativa para los que no cursen clase de religión".
También reclama que se "posibilite la elección democrática del director del centro" así como que "se garantice la participación de la administración local en todos los centros sostenidos con fondos públicos". Otro punto señala que "debería existir un compromiso de pacto de financiación educativo que garantice la aplicación de todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza hasta alcanzar un mínimo del 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)".
"DEMOCRATIZACION"
El representante de UGT, Laureà Puig, explicó en este sentido que una de sus expectativas es "garantizar la democratización de los centros públicos y los concertados" y añadió que "se exigirá que tanto públicos como concertados tengan que atender a los mismos criterios". Por ello, citó como ejemplo la masificación de los alumnos inmigrantes en centros públicos y exigió que "se fomente desde la ley la repartición equitativa de este alumnado entre centros públicos y concertados".
Asimismo, consideró que esta ley "contiene planteamientos pedagógicos muy positivos, como las medidas de refuerzo educativo, de atención a la diversidad y organización de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)" y añadió que con su aprobación "se permitirá una mayor implicación de las administraciones locales y autonómicas que posibilitará que estas últimas desarrollen sus propios proyectos educativos".
Por último, Piqué indicó que la falta de oferta de colegios públicos en la Comunidad "no facilita que todos los niños tengan la posibilidad de acceder a este servicio público" y recordó que la educación "no es un privilegio, sino un derecho" y que "con la actual política valenciana parece que esto se olvida", concluyó.
