MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad la convalidación del real decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en las cuencas del Segura, del Júcar y del Guadalquivir, y se prorrogan las normas de carácter excepcional para gestionar la sequía también en las cuencas del Tajo, del Guadiana y del Ebro. Además, el real decreto ley incluye medidas para la gestión de los acuíferos sobreexplotados del Alto Guadiana.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, indicó en las Cortes que las consecuencias de la sequía no se abordan por el Gobierno sólo con este decreto-ley, sino que ya hay un Plan de Choque para la modernización de regadíos, un Programa AGUA, obras de emergencias y el Plan Hidrológico Nacional. Además, el Ejecutivo trabaja en la reforma en profundidad de la Ley de Aguas, cuyo texto se ha dado a conocer al Consejo Nacional del Agua. La reforma legal incluirá los Bancos Públicos del Agua y la adaptación a las exigencias de las directivas europeas.
"El Gobierno recupera el tiempo perdido en la legislatura anterior en materia de los planes de gestión de sequía que debían estar terminados en 2003", recordó la ministra. Asimismo, Narbona apuntó que el PP tuvo "la suerte de gobernar entre dos periodos de sequía" e invitó al PP a trabajar juntos para que el país se prepare para periodos de sequía con el uso y control más eficiente del agua. La ministra recordó que las nuevas tecnologías han permitido que no haya habido este verano restricciones a poblaciones.
NO SE TRAMITARÁ COMO LEY.
El diputado del PP Alberto Garre indicó que su grupo apoya el decreto, pero pidió la tramitación como proyecto de Ley, lo que la Cámara no refrendó. Monserrat Colldeforns, del PSOE, justificó su oposición a la tramitación como proyecto alegando que el cambio de rumbo en la política del agua se está produciendo ya y que la reforma de la Ley de Aguas llegará pronto a la Cámara después de un intenso debate público.
Además, las medidas del Alto Guadiana, incluidas en el decreto, permitirán salir de un problema que "arrastra desde hace 30 años, dando cabida a todos, escuchando a todas las partes y con la legalidad en la mano y reforzando el carácter público de agua", afirmó Colldeforns.
"La sequía no puede gestionarse a base de decreto, es políticamente y jurídicamente inadecuado, económicamente un fraude y socialmente insolidario", afirmó el parlamentario del PP. El ámbito de aplicación del decreto-Ley es "extremadamente limitado", criticó el diputado popular.
Rosa Bonás, de ERC, indicó que no con medidas puntuales se solucionan los problemas del agua sino con políticas a largo plazo que tengan en cuenta el cambio climático que acentúa la sequía. Además, afirmó que las medidas aprobadas van en contra de la fiscalidad ambiental y propuso que se consideren la modernización y eficiencia de regadíos o tramos en las tarifas del agua.
Este decreto con escaso debate parlamentario da la sensación que es un marco de la próxima reforma de la ley de Agua, según Bonás. La diputada de ERC indicó que la política agraria y urbanística debe reorientarse y adaptarse a la escasez de agua que es una realidad.
REAL DECRETO.
El real decreto-Ley exime a los regantes del pago de las tarifas del agua correspondientes al año 2006 en las cuencas del Segura, del Júcar y del Guadalquivir en el caso de que hayan tenido una dotación de agua igual o inferior al 50 por ciento de lo normal. Esto supone un importe de más de 40 millones de euros. Además, a estos regantes no les será de aplicación hasta el próximo mes de julio las modificaciones recientemente establecidas de la liberalización de la tarifa eléctrica.
Asimismo, se exime a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que gestiona el abastecimiento a 79 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, con una población superior a los 2,5 millones de habitantes, del pago de la tarifa de conducción de las aguas del trasvase Tajo-Segura, teniendo en cuenta el gasto extraordinario comportado por la adquisición de derechos del agua en la cuenca del Tajo, lo que ha permitido que no haya ninguna restricción en el consumo de agua en dicho conjunto de municipios durante este verano.
Por otra parte, se prorroga durante un año la posibilidad de efectuar transacciones de derechos de agua entre diferentes cuencas. Esta medida ha sido de extraordinaria importancia durante los últimos meses, ya que ha permitido aprovechar en la cuenca del Segura 61 hectómetros cúbicos (31 hectómetros para regadíos y 30 hectómetros cúbicos para abastecimiento) inicialmente asignados a la cuenca del Tajo.
El real decreto-ley también contempla la declaración de interés general para obras de modernización de regadíos en las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia, en los municipios de Caravaca de la Cruz, Abanilla, Calloza d'En Sarriá, Fontanars dels Aforins, Segorbe, Montaverner, Alfarrasí, Bufalí, Belgida, Otos y Palomar, que permitirán el ahorro de un 20 por ciento del agua actualmente consumida en estos regadíos. La inversión prevista por el Ministerio de Agricultura para estas actuaciones asciende a más de 49 millones de euros.
PLAN ESPECIAL PARA EL ALTO GUADIANA.
Además, el real decreto ley incluye medidas para la gestión de los acuíferos sobreexplotados del Alto Guadiana, cuya situación se ha agravado ante la sequía plurianual que padece la zona. El mismo recoge un conjunto de disposiciones específicas que introducen los instrumentos jurídicos necesarios para aumentar la eficacia de la gestión de los derechos de uso de agua, manteniendo el carácter público de las aguas subterráneas, y es la primera medida normativa que permitirá la puesta en marcha del Plan Especial para el Alto Guadiana, previsto en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001.
Se regula la trasformación de los aprovechamientos privados de agua existentes en la zona en derechos concesionales garantizando plenamente el carácter público de estas aguas subterráneas y la adecuación de estos derechos a los volúmenes realmente utilizables, así como la figura del Centro de Intercambio de Derechos del Agua para reducir la extracción en los acuíferos sobreexplotados, al menos en un volumen de 200 hectómetros cúbicos al año. La norma posibilita, por lo tanto, por primera vez, que se destinen derechos de agua adquiridos por una confederación hidrográfica a la recarga de acuíferos para mejorar las condiciones ambientales de las aguas subterráneas.
Andalucía
