El Consejo Nacional del Agua debate hoy la modificación de varios reglamentos para solucionar "tensiones territoriales"

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional del Agua debate esta tarde la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas y otros cinco proyectos de Real Decreto sobre diversas materias con el objetivo de "enmendar errores en materias que generan tensiones territoriales", según explicó el director general del Agua, Jaime Palop. Los integrantes del Consejo tratarán también de favorecer un modelo "de transición" hacia la gestión de los recursos hídricos por parte de las comunidades autónomas.

Entre los puntos a debate esta tarde, también se incluyen la gestión de las aguas subterráneas y residuales, una mejora en la consideración medioambiental de los ecosistemas de los ríos, y la constatación del "lento ritmo" de ejecución de las obras vinculadas al Plan Hidrológico Nacional, para el que el Gobierno propone "establecer prioridades" para la inversión de 26.814 millones de euros comprometidos hasta 2008, de los que el año pasado sólo se había iniciado el 20 por ciento de las obras.

Así lo explicó Palop en rueda de prensa, partiendo de la modificación del texto de la citada Ley. En materia de aguas subterráneas, el Ejecutivo propone atajar la sobreexplotación por medio de un modelo de gestión conjunto en el que quiere implicar a los regantes, que serían corresponsables de la calidad de los ecosistemas asociados, "muchos de ellos en serio peligro como las lagunas de Ruidera, Daimiel, o la Albufera de Valencia", señaló.

"El texto trata de enmendar errores y para eso queremos contar con los regantes como aliados, por lo que vamos a proponer un modelo con las comunidades de usuarios", explicó Palop, para lo que el Ejecutivo ha mantenido una veintena de reuniones con representantes de las comunidades autónomas, y con los propios regantes. Según apuntó, un tercio de las explotaciones agrícolas en España --un millón de hectáreas-- se abastecen de aguas subterráneas, lo que está originando "tensiones territoriales y sociales" entre comunidades.

CAMBIAR LOS CULTIVOS.

"Se va a poner los pies en el suelo y a hablar claro: el agua disponibles es la que hay y no se va a legalizar a más regantes ni a más usuarios" donde las reservas sean escasas, afirmó Palop, que adelantó que la Administración podrá proponer "un cambio en los cultivos" para pasar a especies vegetales que requieran menos recursos hídricos. "Las comunidades autónomas han participado en estos cambios y están de acuerdo con la filosofía y los principios generales de lo que se propone --dijo Palop--. De otra manera habría sido impensable", apostilló.

Sobre los conflictos territoriales generados por la aprobación de estatutos de autonomía que reclaman la competencia sobre sus ríos y recursos hídricos, Palop aseguró que el Gobierno planteará al Consejo Nacional del Agua un modelo "de transición" sobre las demarcaciones territoriales y las cuencas, que tenga en cuenta la cesión de las cuencas internas y que vaya definiendo nuevas demarcaciones, como la Miño-Limia, preparándolas para facilitar un sistema de gestión con la participación de las comunidades autónomas.

También se abordarán cambios en el uso de las aguas depuradas, cuya regulación no ha sido desarrollada desde 1985, materia en la que existía "un vacío legal" y en la que se establecerán prohibiciones para consumo humano, refrigeración o industria alimentaria. Otro punto que se modificará por medio de Real Decreto es la mejora en la protección del medio ambiente y la calidad de los ecosistemas, aspecto en el que "se irá más allá, previniendo los vertidos a los ríos que provoquen la proliferación de algas, un problema que ha pasado de afectar a 6 millones de personas a más de 24 millones de españoles", entre otras medidas.

En materia de seguridad de infraestructuras, hasta 2009, el Ejecutivo plantea una inversión de 375 millones de euros, de la misma manera que plantea la aprobación de planes de emergencia para presas y balsas. También se elevarán las sanciones por sobreexplotación o actividades contaminantes, para lo que se habilitará además mayor agilidad en la toma de medidas cautelares. La máxima multa llegará a los dos millones de euros.

Acerca de la ejecución de los 26.814 millones de euros comprometidos en la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), Palop apuntó que, con fecha de julio de 2005, sólo se habían iniciado el 20 por ciento del gasto, por lo que señaló que "es fácil adivinar "que se va a hacer inviable el cumplimiento" del mismo en sus términos, por lo que apostó por la priorización de las inversiones que restan ante el déficit de recursos.

"COLABORACIÓN" CONTRA LA SEQUÍA.

Por último, en materia de sequía, Palop explicó que el pantano de Entrepeñas y Buendía tiene en el momento 306 hectómetros cúbicos, suficientes para llegar a enlazar con la época de lluvias en septiembre, después de que el Consejo de Ministros autorizara el trasvase de 11 hectómetros para consumo, "con el objetivo de no bajar de los 240 hectómetros".

"No debe haber ningún problema si no se produce un consumo excesivo, pero no se puede consumir un 10 por ciento o 15 más y nos preocupa que se estén regando jardines públicos con agua, que se esté abriendo la temporada de baño en piscinas sin uso racional de agua", afirmó. En este sentido, pidió que las comunidades autónomas ,transmitan que la situación es "delicada, aunque no al borde de una hecatombe", por lo que reclamó un esfuerzo "para reducir un 5 por ciento el consumo, que es lo que se ha hecho en otras comunidades en situaciones similares, sin penalizar a nadie".

"Si el ayuntamiento de turno decide seguir regando los jardines y dar una imagen de que sobra agua, pues se puede agravar la situación delicada, que se puede volver complicada", expuso Palop, que recordó que el Ministerio quiere hacer de la sequía "un problema de todos". "No puede ser que se acabe el agua en Entrepeñas y se acuse al Gobierno de querer castigar a una zona del país y hacer política cuando la situación está delicada", concluyó.