VALENCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell aprobado, en el pleno de hoy, el anteproyecto de Ley de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana, que, según explicó en rueda de prensa el conseller de Sanidad, Rafael Blasco, tiene un doble objetivo, por un lado, "erradicar el fraude en el acceso a la prestación sanitaria" y, por otro, "evitar el denominado turismo sanitario", mediante la identificación de las personas desplazadas temporalmente en la Comunitat, al tiempo que "se introducen mecanismos que hagan posible la viabilidad" del sistema sanitario valenciano.
Se trata de un anteproyecto de ley que "contempla la universalización de las prestaciones sanitarias para todas las personas de la Comunitat, independientemente de su procedencia", apuntó. Según Blasco, esta ley permitirá tener "registradas" a todas las personas que accedan al sistema sanitario público valenciano, para ello juega un papel fundamental el Sistema de Información Poblacional (SIP), que obliga a que cada persona registrada en el mismo tenga un identificador único a través de un número concreto.
La finalidad, por tanto, es regular el Sistema de Información Poblacional de la conselleria de Sanidad, a través de la Tarjeta Sanitaria Individual de la Comunitat, y los requisitos para el acceso a las prestaciones sanitarias del sistema sanitario público de la Comunitat.
De este modo, la Generalitat podrá acceder a facturar los gastos por asistencia en aquellos casos en los que la persona asistida procede de países de la Unión Europa con convenio internacional vigente, Andorra, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Marruecos. En este sentido, Blasco incidió en la exigencia de recibir compensación, por parte del Gobierno central, por las prestaciones sanitarias realizadas en esta autonomía a personas residentes en otras comunidades y que se encuentran desplazadas temporalmente en la Comunitat.
En este sentido, el conseller recordó que en la Comunitat, con una población de 4.700.000 ciudadanos, se presta asistencia sanitaria a un total de 5.090.000 personas, lo que revela que hay unas 300.000 que no están computadas a la hora de establecer la financiación del sistema sanitario autonómico, y que "no tienen su regularización y su normalización desde el punto de vista de ciudadanos", las cuales suponen un coste presupuestario a cargo de las arcas de la Generalitat de 300 millones de euros al año, señaló Blasco.
"Lo que queremos es que todas las personas que vivan en esta comunidad tengan exactamente tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, y que el sistema sanitario sea igual para todos, de tal manera que no queden discriminados unos colectivos respecto a otros", añadió.
El Sistema de Información Poblacional (SIP) es el registro administrativo corporativo que mantiene datos de identificación, localización, asignación de recursos sanitarios asistenciales y de modalidad de aseguramiento. Con esta nueva ley, el número SIP deberá constar con carácter "obligatorio" en todos los documentos que constituyen el registro de actividades clínicas de los servicios asistenciales, y que requieran la identificación del paciente, los documentos relacionados con los programas de salud, las recetas oficiales de farmacia, cualquier otro documento de índole sanitaria.
GARANTIAS
No obstante, Blasco aseguró que la Generalitat continuará "garantizando" el derecho de todas las personas, españoles y extranjeros, que residan o se encuentren en la Comunitat Valenciana, a la asistencia sanitaria, tenga o no la tarjeta sanitaria. Las prestaciones sanitarias que la conselleria facilita son las contempladas en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
En el caso de las prestaciones sanitarias prestadas en aplicación de los Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, las mismas se facilitarán sin perjuicio de la facultad de promover ante la autoridad competente el reintegro del coste de estas prestaciones para que se inste la reclamación correspondiente a la institución garante extranjera.
En el caso de las prestaciones sanitarias realizadas en la Comunitat Valenciana a personas residentes en otras Comunidades, la financiación de las mismas con cargo a los presupuestos de la Generalitat, se realizará sin perjuicio del derecho al reintegro del coste de estas prestaciones de conformidad con lo establecido en la normativa estatal sobre financiación de los servicios sanitarios públicos.
"EVITAR EL FRAUDE"
Puesto que la tarjeta SIP es un documento de uso exclusivo de su titular, los centros e instituciones sanitarias podrán solicitar en todo momento la exhibición de un documento oficial de identidad, nacional o extranjero, que acredite "fehacientemente" que el portador de la tarjeta es titular de la misma.
Esta Tarjeta Sanitaria Individual SIP dejará de tener validez cuando caduque su plazo de vigencia, cuando se emita una nueva tarjeta y cuando no sea fiel reflejo de la identificación o de relación específica de aseguramiento del titular.
