VALENCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consell aprobó en el pleno de hoy el Anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, dotado con 1.927 millones de euros, que dedica un capítulo a los derechos de los menores extranjeros, y nace con el objetivo "claro" de "mejorar la situación de los menores y adolescentes de la Comunitat Valenciana", así como de "facilitar la igualdad de oportunidades y la no discriminación", según explicó en rueda de prensa la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel.
Se trata de un texto que nace para adaptarse a la nueva ordenación jurídica que se ha producido en estos últimos años en materia de protección de menores, y que reconoce, por primera vez, que el menor es un "sujeto activo de derechos, y no un mero sujeto pasivo necesitado de protección", señaló De Miguel.
El Anteproyecto de Ley, que modifica la Ley 7 de 1994 de 6 de diciembre, denominada Ley de Protección de la Infancia Valenciana, está compuesto por 184 artículos, ocho títulos, siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, además de una memoria económica en la que se establece una dotación presupuestaria global, entre 2006 y 2009, de 1.927 millones de euros.
El texto establecerá por vez primera en el marco normativo autonómico una carta de los derechos del niño, la 'Carta de Derechos del Menor en la Comunitat Valenciana', con el fin de "garantizar" a los niños y adolescentes de la Comunitat "el ejercicio de los derechos y garantías que legalmente les corresponden", así como "su participación y protagonismo para intervenir y, en su caso, modificar su medio personal y social, y para tomar parte en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades", apuntó.
Asimismo, esta ley crea dos figuras que garantizan los derechos que la norma recoge y que, según dijo, "sirven de auditores de las políticas integrales en materia del menor", como son el 'Observatorio Permanente de Familia e Infancia', con funciones de estudio y detección de necesidades de la infancia y adolescencia; promoción de iniciativas que mejoren los niveles de prevención y protección de los menores, y seguimiento y evaluación de programas destinados a estos colectivos.
Por otro, la ley crea la figura del 'Comisionado del Menor de la Comunitat Valenciana', como una institución dentro de la Administración de la Generalitat, aunque independiente, que recibirá la denominación de 'Pare d'Orfens', en honor a la institución de Derecho Foral Valenciano del mismo nombre. Tendrá, entre otras funciones, la de dirigir la tramitación y las quejas sobre situaciones de amenaza o vulneración de los derechos de los niños y los adolescentes y supervisar las actuaciones de las administraciones públicas en la atención a la defensa de los menores.
La ley establece la coordinación entre los sistemas educativo, sanitario y de acción social, para que se pongan "a disposición de los programas y actuaciones que contempla la norma". Así, ordena la elaboración de un plan marco de atención contra la desescolarización, el absentismo escolar y el abandono escolar.
Del mismo modo, regula el fomento de programas educativos con familias, de convivencia de padres e hijos, de afrontamiento de conflictos y de orientación socio-familiar, así como la creación de Escuelas de Padres. También establece el impulso de medios y programas de arbitraje y mediación en los centros docentes como forma de posibilitar la resolución adecuada y justa de conflictos entre los mismos.
Por otro lado, la ley velará por un uso adecuado de los contenidos publicitarios, por el control del acceso a los menores a contenidos pornográficos o violentos a través de internet o con videojuegos. También recoge medidas en materia de protección del menor, con carácter preventivo y también de atención inmediata ante situaciones de desprotección, así como orientadas al apoyo familiar, con programas de sensibilización y de intervención familiar.
Igualmente, establece medidas en materia de salud, a través del desarrollo de programas de intervención temprana, educación afectivo-sexual y de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas, así como la prevención de los accidentes, especialmente en el ámbito del hogar. Incluye además iniciativas en materia de formación y empleo o de relaciones sociales.
SITUACION DE RIESGO
La Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contempla la "atención especial a adolescentes con conductas inadaptadas o de alto riesgo", con el objetivo de incidir en la acción preventiva de estos colectivos, fomentar programas de educación cívica, tolerancia, y de prevención de sustancias estupefacientes y fomentar medios de ayuda de carácter especializado, de apoyo sociopedagógico y de atención psicoterapéutica, así como ofrecer recursos integrales a menores con trastornos de inicio en la infancia y adolescencia, y a menores y jóvenes con conductas adictivas.
Asimismo, dedica un capítulo a la regulación de los derechos de los menores extranjeros, para lo que contempla su derecho a los recursos públicos, de forma que faciliten su atención e integración social, lingüística y cultural, con el máximo respeto a su propia identidad.
El texto también da cobertura y apoyo a los jóvenes que salgan de los sistemas de protección o de reeducación de menores, con el fin de facilitar su plena autonomía personal y su integración social y laboral, y siempre que voluntariamente acepten su compromiso de participación en programas post-medida.
De Miguel destacó el artículo 82, destinado a los deberes de los menores, donde se les recuerda que "deben asumir las responsabilidades consecuentes al ejercicio de los derechos que les son reconocidos", entre los que se citan "estudiar y asistir al centro docente, y respetar en él las normas de convivencia; respetar el medio ambiente; no desarrollar conductas violentas, ni actitudes que promuevan la violencia contra los demás; y mantener un comportamiento cívico acorde con la tolerancia y el respeto a los derechos de las demás personas".