Blasco denuncia que la "manipulación" del PSOE ha impedido que se cierre el procedimiento de Europa contra el urbanismo valenciano
VALENCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consell de la Generalitat aseguró hoy estar "convencido" de la viabilidad de la Ley Urbanística Valencia (LUV) y, en este sentido, pidió que se someta su legalidad ante el Tribunal Europeo, informaron hoy fuentes de la Generalitat, después de que la Comisión Europea anunciara ayer la apertura de un nuevo procedimiento de infracción contra la citada ley porque mantiene "irregularidades" de la anterior legislación ya derogada.
Al respecto, el conseller de Territorio y Vivienda lamentó que el Gobierno de España "no haya aún abierto la boca a la hora de defender los intereses de la Comunitat Valenciana y de España ante las instalaciones europeas" y apuntó que "esta impresentable inacción" del Ejecutivo central "haya impedido que la Comisión Europea cierre de una vez por todas el procedimiento abierto contra la legislación urbanística valenciana y, por lo tanto, haya contribuido a una campaña de desprestigio contra la propia Comunitat".
Además, el conseller de Territorio y Vivienda indicó que "este proceso está siendo demasiado largo" con lo que espera y confía en que el Tribunal Europeo dilucide sobre la legislación urbanística. "Para nosotros la decisión de la Comisión Europa no supone novedad alguna, ya que el 1 de febrero ya anunciamos públicamente que la LUV se ajustaba a todas las directivas europeas, a excepción de las cuestiones relativas a contratación pública y a expropiaciones, que son competencia del Estado. Estamos, por lo tanto, muy tranquilos y ansiosos de que este procedimiento finalice cuanto antes".
Por lo tanto, el Consell manifestó que la decisión de la Comisión Europea "no sorprende al Ejecutivo Valenciano" porque una vez más "se vuelve a insistir en que la competencia para dictar la legislación básica en materia de contratación pública corresponde al Estado, en virtud del artículo 149 de la Constitución Española".
A este respecto, el conseller de Territorio y Vivienda denunció que el Gobierno de Zapatero "no respeta a Europa porque no ha transpuesto la directiva europea sobre contratación pública cuando lo debería haber hecho antes del 31 de enero de este año".
La Ley Urbanística, a juicio de Blasco, "ha subsanado las objeciones que se señalaban en el dictamen motivado de la comisión". Así, explicó que, "en efecto, la nueva LUV obliga a que las bases particulares para la selección del urbanizador incluyan los criterios de adjudicación, el anuncio de la licitación se envíe para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de la fecha de su inserción en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y la ampliación de los plazos previstos para la presentación de alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas".
El conseller Blasco señaló, además, que la Ley Urbanística "respeta el principio de igualdad de trato en cuanto que el plazo para presentar las ofertas en el mismo para todos los aspirantes, sin que pueda ser inferior a tres meses (plazo que, además de ser común, es de mayor duración que el previsto en la normativa europea de contratación pública) e, incluso, puede establecerse un plazo superior".
Además la Ley Urbanística, añadió, "no permite una selección de la proposición jurídico-económica independiente de la alternativa técnica. Las relaciones de colaboración con los propietarios no se convierten en el criterio principal para adjudicar la proposición jurídico-económica, sino que constituyen uno de los siete criterios previstos en la Ley y, además, se prohíbe que el empresario-constructor sea el propio urbanizador o una empresa vinculada al mismo".
También por la LUV, señalaron las citadas fuentes, "queda suprimido el procedimiento simplificado, que podría vulnerar el principio de igualdad y se establecen criterios de selección cualitativa para la adjudicación de los PAI".
La LUV "también fija un precio cierto, constituido por el importe de las denominadas 'cargas de urbanización' y establece límites cuantitativos a la 'retasación de las cargas', exigiéndose una valoración cierta y pormenorizada de la misma, en un procedimiento con audiencia a los propietarios, que debe ser aprobado por resolución municipal, impugnable ante los Tribunales".
La ampliación de las cargas, recordaron, "no podrá superar el 20 por ciento de la cuantía inicial, porcentaje coincidente con el previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Directiva 93/37 para los contratos complementarios de obras que pueden adjudicarse, según la Directiva, sin publicidad si no excede del 50 por ciento del importe del contrato original", explicaron las citadas fuentes..
CONSECUENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A juicio de Blasco, "estamos pagando las consecuencias de un Gobierno que no ejerce sus competencias y que deja desamparada a una comunidad autónoma, como la valenciana. Hasta la fecha, no ha contestado a un solo requerimiento formalizado por el Consell para que la legislación urbanística cumpla con las directivas europeas en aquellas materias que son competencia del Estado".
El Consell, insistió Blasco, "ha sido totalmente respetuoso en la nueva Ley Urbanística con las disposiciones establecidas en la legislación básica al respetarse los criterios fijados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas fundamentalmente en lo que hace referencia a la libertad de pactos, adjudicación de contratos y establecimiento de las prescripciones técnicas".
El titular de Territorio y Vivienda está convencido de que la Generalitat "ha aprobado una Ley Urbanística totalmente viable desde el punto de vista legal y jurídico para garantizar unas reglas de juego totalmente transparente en los procedimientos jurídicos y adaptadas a las leyes estatales que son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas".
Blasco señaló que el Consell dispone de informes y dictámenes jurídicos, como el de García de Enterría, "los cuales evidencian la correcta actuación de la Generalitat en el dictamen motivado abierto en su día contra la LRAU socialista". Así, el titular de Territorio y Vivienda lamentó la "desinformación por parte de Europa sobre el urbanismo valenciano, fruto de la irresponsabilidad del PSOE, a través de reportajes tendenciosos como el Informe Semanal, ha motivado que la comisión europea continúe ahora el procedimiento contra la LUV".
El apoyo jurídico por parte de expertos a la legislación urbanística valenciana, añadieron, "permitirá que el Consell responda antes de los dos meses d plazo concedidos por la comisión europea con unas alegaciones que incidirán en el que dictamen motivado en su momento contra la LRAU socialista debe darse por zanjado al asumir la LUV los requerimientos de Europa en lo que concierne a las competencias de la Generalitat".
Por último, el conseller apuntó que "es totalmente falso que la LUV haya producido una avalancha de PAIs" e hizo hincapié en que "la aplicación retroactiva de la LUV hubiera violentado el principio de autonomía local en los artículos 137 y 140 de la Constitución Española y en la Carta Europea de Autonomía Local, falseando gravemente la naturaleza jurídica de los PAI como instrumentos de ámbito local".
En concreto, Blasco recordó que la propia Generalitat ha remitido el listado de PAIs aprobados desde enero de 2004 hasta la fecha, "contabilizándose 32 en 2004, el mismo número en 2005 y seis en lo que va de 2006", concluyeron las citadas fuentes.
