VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consell ha aprobado este viernes instar al Gobierno a estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana, ya que supone "una cuestión de dignidad, justicia social y reparación histórica", ha explicado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.
También se pedirá al Gobierno adoptar medidas para hacer efectiva la reparación a quienes padecieron condenas por tribunales, jurados, civiles o militares, como las sentencias de los consejos de guerra, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo o el Tribunal del Orden Público (TOP), por la lucha en defensa de los derechos y libertades del pueblo valenciano durante la Guerra Civil, la dictadura franquista o la transición hasta la Constitución.
Esta iniciativa obedece a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática valenciana, que contempla "la recuperación, protección y conservación de la memoria democrática valenciana y el reconocimiento, reparación y garantía de no repetición de las víctimas".
La "nulidad" de las citadas condenas supone "un trascendental avance en términos jurídicos" respecto de lo ya previsto en la vigente Ley de Memoria Histórica estatal, en cuyo artículo 2 se reconoció y declaró "el carácter radicalmente injusto" de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Esa norma también declaró genéricamente la "ilegitimidad" de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales constituidos durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa y expresamente, la del citado Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del TOP, así como de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra.
Frente a la actual "declaración de reparación y reconocimiento" que expide el Ministerio de Justicia, una eventual declaración de nulidad expulsaría completamente del ámbito jurídico tales sentencias y resoluciones administrativas, a pesar del tiempo transcurrido.
"En definitiva, se pretende reconocer y reparar a quienes defendieron la legalidad institucional republicana, a los que pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución", ha indicado Oltra.
