El Consell pedirá a los comisarios europeos amparo ante la "deslealtad" del Gobierno por la ley urbanística

VALENCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunció que se dirigirá hoy mismo a los comisarios de la Unión Europea (UE) para demandarles amparo frente a la "deslealtad", la "traición" y la "mala fe" del Gobierno español, a quien acusó de "ocultar información" a los órganos europeos sobre la legislación urbanística valenciana.

González Pons se pronunció de esta manera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, después de conocerse que la UE ha dado un plazo de dos meses a la Generalitat para resolver las cuestiones de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que incumplen la legislación comunitaria y que, según señaló el conseller, se derivan principalmente del hecho de que la norma valenciana admite la figura del agente urbanizador, que también existe en otras comunidades autónomas y en Alemania, apostilló.

El titular de Territorio y Vivienda afirmó que el Ejecutivo estatal no remitió íntegro a Bruselas el escrito de alegaciones del Consell al dictamen motivado de la Comisión Europea sobre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sino que eliminó los dos párrafos en los que la Generalitat señala que otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Extremadura recogen figuras similares a la valenciana, así como el proyecto de ley del suelo presentado por el Ejecutivo estatal y que se encuentra en el Congreso de los Diputados en fase de presentación de enmiendas. González Pons, quien precisó que el Gobierno valenciano todavía no tiene ninguna notificación oficial del nuevo plazo concedido por la UE, defendió que la Comunitat "no es una isla legislativa en materia urbanística; el Gobierno de España lo sabe y se lo oculta a la UE", e hizo un paralalismo entre esta situación y la de unos "clientes traicionados por nuestro abogado de oficio para no perjudicar a otros clientes de pago que le dan sus buenos dividendos en votos y en apoyos económicos". "No puede el Gobierno de España desamparar a la Comunitat para proteger a las comunidades donde gobierna el PSOE", apostilló.

Mostró un documento del Ministerio de Vivienda en el que solicita al de Asuntos Exteriores que elimine los dos párrafos porque, según figura en el escrito, el procedimiento abierto por la Comisión "tiene por único objeto la legislación urbanística valenciana", por lo que, añade, "si se quiere hacer un ejercicio de comparatismo", la alegación debería referirse más bien "al régimen legal vigente en otros estados miembros de la UE" y no al de otras autonomías. Además, en el caso del proyecto de ley, considera que no procede la referencia a "documentos de trabajo no definitivos ni aportados oficialmente".

Calificó estos hechos de "escándalo político" y acusó al Gobierno estatal de cometer una infracción de "tipo político" y no jurídico, puesto que, según señaló, es a quien corresponde la facultad de "interlocución" con la UE y, por tanto, "no está jurídicamente obligado" a remitir el mismo borrador enviado desde la Comunitat Valenciana, si bien indicó que no creía que si los gobiernos vasco, catalán o andaluz tuvieran un contencioso con la UE, el Ejecutivo de España "se atrevería a tocar una coma de las alegaciones que le remitieran". "Ya está bien de que la Comunitat sea la pagana del Gobierno de José Luis Rodríguez 'desamparo' Zapatero", aseveró.

Así, manifestó que la actuación del Gobierno de España en este caso "está tan guidada por la deslealtad y por la mala fe" que aseguró que hoy mismo se dirigirá a los comisarios de la UE "para perdirles que nos amparen frente al Gobierno de España".

DESCONOCIMIENTO O CONNIVENCIA

El Consell pretende saber si la Comisión Europea "actúa contra la Comunitat Valenciana por desconocimiento de la realidad del resto de autonomías" o, por el contrario, "en connivencia" con el Gobierno central por "interés en este pleito por alguna razón política y no procesal", explicó González Pons, quien señaló que al Gobierno valenciano no le quedan muchas más salidas que ir a "pedir amparo al mismo que puede que acabe demandando y me ha dado un ultimátum para demandarme".

Al respecto, avanzó que la Generalitat está estudiando recurrir a los tribunales de justicia europeos para demandar la pervivencia del principio de tutela jurisdiccional efectiva porque, según dijo, "ya está bien de que se juegue con el nombre de la Comunitat Valenciana", y la eliminación de la "arbitrariedad" en las decisiones de la UE, aseveró. Según afirmó, "estamos más ante un conflicto político que ante un conflicto jurídico", a lo que añadió que la UE "está sobrepasando sus capacidades jurídico-administrativas para llevar a cabo contra la Comunitat una actuación típicamente política".

Al respecto, acusó a la UE de utilizar los tribunales como "instrumento de coacción" contra la Comunitat Valenciana y, al respecto, señaló que Bruselas "nos ha amenazado ya demasidado con ir a los tribunales", de manera que, según afirmó, "ha llegado ya la hora de que nos lleve y, si no nos lleva, iremos nosotros", recalcó. Defendió que la LUV se adapta a la normativa estatal y añadió que si en la Comunitat Valenciana no es posible la urbanización por agentes privados tampoco lo es en el resto de autonomías ni puede ser contemplada en la legislación estatal.