MADRID/VALNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La huelga de controladores aéreos convocada por los sindicatos USCA y CCOO continúa este mes de marzo tras la falta de avances en la negociación con la asociación empresarial APCTA, que engloba a los proveedores privados del mercado liberalizado de control aéreo Saerco y Skyway. Los aeropuertos de Alicante-Elche, Castellón y Valencia están entre los afectados.
Los paros tendrán lugar los días 7, 14, 21 y 29 de marzo en los aeropuertos de A Coruña, Alicante-Elche, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo.
USCA y COOO critican "con especial dureza" la actitud de Saerco, "que se ha mostrado contrario a conseguir ningún tipo de acuerdo y que incluso ha retirado su propuesta inicial, empeorando aún más las condiciones de su trabajadores".
Los paros tendrán lugar los días 7, 14, 21 y 29 en horario de 16 a 19 horas locales, por lo que se consideran afectados todos los vuelos cuya llegada o salida se encuentre dentro del rango horario señalado y con origen o destino en los aeropuertos de A Coruña, Alicante-Elche, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo.
USCA y COOO critican con especial dureza la actitud de una de las empresas, Saerco, que se ha mostrado contrario a conseguir ningún tipo de acuerdo y que incluso ha retirado su propuesta inicial, "empeorando aún más las condiciones en las que se encuentran los controladores que trabajan para dicho proveedor, que ya son la peores de toda Europa".
Ambos sindicatos aseguran que han intentado llegar a un acuerdo para desconvocar la huelga, "sobre todo teniendo en cuenta el momento de recuperación de tráfico aéreo en que nos encontramos", pero advierten de que "un sistema basado en esfuerzos de una plantilla fatigada y con recortes constantes de derechos ya consolidados no puede funcionar".
En este contexto, USCA y CCOO ven en la huelga la única posibilidad de denunciar los recortes salariales y la precariedad del sector.
