VALENCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Corts Valencianes aprobó hoy, con los votos a favor del PP, en contra de EU-Entesa y la abstención del PSPV y el grupo mixto, la ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, que define, reestructura y clarifica el sistema de autorización ambiental vigente en la Comunitat Valenciana con el objeto de implantar un nuevo modelo de intervención administrativa ambiental aplicable a todo tipo de actividades que puedan afectar al medio ambiente.
Los populares no aceptaron ninguna de las 227 enmiendas de la oposición --174 de EU-Entesa y 53 del PSPV-- que se mantenían vivas al texto y que, entre otras cuestiones, reclamaban una "mayor concreción, definición y rigor" en la aplicación de la ley, mayor precisión de la intervención administrativa e incidencia en la prevención de la contaminación y un aumento de los plazos de prescripción de las infracciones.
El núcleo fundamental de la ley es la regulación de los tres procedimientos de intervención administrativa ambiental a los que deberán someterse las instalaciones de acuerdo con su incidencia ambiental.
Así, la norma contempla que las empresas con mayor potencial contaminante --las instalaciones de combustión, las dedicadas a la producción y transformación de metales y las industrias minerales, químicas, del papel y del textil-- deberán obtener una Autorización Ambiental Integrada (AAI), que supone el "máximo certificado ambiental".
Asimismo, la norma regula la concesión de licencias ambientales --para empresas que desarrollan su actividad en el ámbito municipal y no plantean ningún problema contaminante-- y la comunicación ambiental --para industrias con actividades nocivas, molestas, insalubres y peligrosas.
El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, manifestó, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Corts, que la ley "se va a transformar en el principal instrumento al servicio de la ecoeficencia de las industrias valencianas" y aseguró que incorpora todas las directivas europeas sobre calidad ambiental y salud.
Blasco señaló que la Generalitat abre, por primera vez en España, una "ventanilla única" a través de la conselleria de Territorio y Vivienda, en la que se centralizarán todos los trámites, tanto los de ámbito autonómico como los estatales y locales, para que las empresas obtengan una autorización ambiental.
ACABAR CON CARGA BUROCRATICA Y DISPERSION
Con ello se pretende agilizar los trámites y acabar con la "carga burocrática" y la "dispersión administrativa para todas las empresas que quieran cumplir las directivas europeas y los preceptos legales", apuntó el conseller, quien resaltó que hay 397 empresas que antes del 1 de enero de 2007 deberán solicitar la AAI, instrumento que agrupa las licencias de gestión de residuos y vertidos desde tierra al mar.
Además, recalcó que la ley cuenta con el consenso de todos los sectores económicos, empresariales e industriales de la Comunitat Valenciana. Al respecto, el parlamentario del PP Salvador Cortés destacó que la norma es el resultado de un "amplio proceso de diálogo y consenso" en el que han participado más de 50 entidades, dijo.
Por su parte, el diputado de EU-Entesa Carles Arnal denunció que la norma "no sirve para preservar ni mejorar la calidad ambiental" y es un texto "pobre, indefinido, insuficiente y muy defectuoso". "Es una nueva ley trampa de Blasco para hacer creer que se protege el medio ambiente" cuando su objetivo real, dijo, es "permitir que se puedan colar proyectos contaminantes y peligrosos que seguirán degradando el medio ambiente y poniendo en peligro la salud de las personas".
Arnal recalcó que la ley "no avanza en absoluto" en relación a la norma estatal ya vigente y, al respecto, denunció que deja fuera de la evaluación ambiental integrada "muchas actividades que han estado incorporadas por otras comunidades autónomas".
Asimismo, denunció el "uso sistemático" del silencio administrativo positivo y agregó que la norma, que calificó de "florero", no establece mecanismos estrictos de inspección y control regular de las actividades presuntamente contaminantes. Además, a juicio de Arnal, el régimen sancionador es "muy débil y está lleno de agujeros y escapatorias".
El parlamentario del PSPV Adolf Sanmartín explicó que su grupo no podía votar en contra del texto por tener un "componente de trasposición de directivas y normativas europeas y estatales", a la vez que destacó que la ley estatal no tiene aplicación directa en las comunidades autónomas si no es desarrollada por éstas.
Así, achacó la posición del PSPV a una "cuestión de simple urgencia aplicativa de una normativa que debería estar en vigor desde hace mucho tiempo", si bien criticó que en el actual texto "quedan aspectos sin resolver o no convenientemente solucionados", como son lo referido a la prevención de la contaminación, dijo, el "olvido" de las normativas municipales y la "necesidad" de que la ley "precise más y mejor la cuestión de la intervención administrativa", así como el establecimiento de zonas ambientalmente protegidas, alerta atmosférica y un registro de infractores.
Por su parte, el diputado popular Fernando Modrego defendió que la norma "va a hacer que nuestras industrias tengan la máxima calidad ambiental" y, en esta línea, recalcó que todas las actividades potencialmente contaminantes "van a tener un control exhaustivo por parte de la Administración en un procedimiento con todas las garantías".
Se mostró "muy satisfecho" por la aprobación de una ley que, dijo, "cumple un compromiso electoral" del PP e "incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el máximo nivel de protección medioambiental, de salud de los ciudadanos y de calidad de vida".
Recalcó que los instrumentos contemplados en la ley aseguran el "máximo control de las actividades potencialmente peligrosos y son una garantía para empresas y ciudadanos por la transparencia que suponen". Lamentó que la oposición hubiera "perdido una oportunidad para ponerse al lado de los ciudadanos, sus intereses y lo que va a mejorar su calidad de vida".
