VALENCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los votos del grupo popular rechazaron hoy, con la abstención de Compromís y No Adscritos, la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas al proyecto de ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, norma que, según el conseller de Solidaridad y Ciudananía, Rafael Blasco, "reforzará a los ayuntamientos frente a la desidia del Gobierno" central, al tiempo que aseguró que el Fondo de Cooperación Municipal garantizará a los consistorios, "al menos, la inversión actual de la Generalitat en distintos planes relacionados con el municipalismo, y que se cifra en 3.000 millones de euros anuales".
Por su parte, el diputado socialista Ximo Puig explicó que la enmienda se presenta "desde el servicio a los intereses generales" de los ayuntamientos, y aseguró que en el municipalismo no han llegado a ser reales ni la suficiencia financiera ni la autonomía local, por lo que indicó que esta ley no tiene sentido alguno si no se le dota de un fondo autonómico de financiaciación local qué dé cobertura a la autonomía local. También apeló por un "acuerdo valenciano por el municipalismo".
El conseller afirmó que el Fondo de Cooperación aumentará "a medida que el Gobierno dé más dinero", aseguró que la norma pone "coto al transfuguismo, al limitar los plazos para formar grupos municipales", al tiempo que impulsa la transparencia, al regular el registro de Bienes y de Actividades de alcaldes y concejales, --que tendrá carácter público--, y establecer que sus cuentas sean auditadas por el Sindic de Comptes.
También destacó que los alcaldes podrán privar del sueldo a los miembros de la corporación que no cumplan con sus deberes, como la no asistencia a pleno o comisiones durante dos reuniones consecutivas o tres alternativas durante un año.
Paralelamente, subrayó que se crea la figura del Defensor del Vecino, el Consejo Social y el Consejo Territorial de Participación, y dijo que pone el énfasis en los pequeños municipios, ya que a los más pequeños se les abre la posibilidad del régimen de gestión compartida "donde de manera conjunta pueden prestar servicios que no pueden ser asumidos por un único ayuntamiento".
Por su parte, el parlamentario socialista afirmó que los entes locales están "padeciendo más que nadie la crisis económica" y destacó que se han convertido en las adminitraciones que trabajan para solucionar los problemas "sin preguntar de quien son las competencias". También lamentó que la Generalitat adeuda 1.700 millones de euros a los consistorios.
Puig defendió la "cooperación institucional basada en la lealtad" y aseguró que en el municipalismo no han llegado a ser reales ni la suficiencia financiera ni la autonomía local y afirmó que los entes locales están "padeciendo más que nadie la crisis económica".
ANTIGUA, BUROCRATIZADA Y REGLAMENTISTA
A su juicio, el proyecto de ley es "manifiestamente insuficiente" y "no es el texto que necesitan en estos momentos los ayuntamientos". Los socialistas, indicó, "queremos el consenso, pero sobre todo una ley útil, fortalecer el mundo local y con este texto no es posible", porque a su juicio la ley es "antigua, burocratizada y reglamentista" cuando debe ser, dijo, "innovadora".
Acusó al conseller Blasco de haber hecho "del humo una marca de la casa" en sus responsabilidades de gobierno e instó a reconocer la mayoría de edad de los ayuntamientos, que no tienen que ser los "hermanos pobres" de la administración.
Tambien abogó por la "profunda transformación de las Diputaciones" y reclamó que ceda las competencias que tiene que corresponden a la Generalitat al Consell, y las municipales a los ayuntamientos.
En el debate, al que asistieron numerosos alcaldes, el diputado 'popular' Cesar Augusto Asencio, advirtió de que "aquí se excluirá quien quiera" porque expresó la voluntad de admitir "un buen número de enmiendas al menos, 45" y añadió que entre 33 y 62 pueden ser transacionadas. Asimismo, lamentó que "un golpe de timón" de los senadores Joan Lerma y Leire Pajín ha impedido que la ley vaya por "un camino de mayor consenso".
SE RESUELVE EN MADRID
El portavoz de Compromís, Enric Morera, manifestó que es necesaria una ley de financión local estable, pero admitió que la norma autonómica "no arregla esto", porque, señaló, "se debe arreglar a nivel estatal" y apeló a un acuerdo valenciano para que a nivel estatal "no se penalicen" los intereses de la Comunitat e incluso invitó a pedir al Gobierno Central la "deuda histórica" de la Comunitat.
También dijo que mientras el PSPV no alce la voz ante "un presidente tan nefasto como Zapatero, que nos lleva a la ruina económica", están hipotecando "la alternativa política" en la autonomía. También le acusó de poner en una "situación muy difícil" y "en riesgo" la gobernabilidad de municipios entre ambos partidos. Puig le recriminó que está "a una distancia sideral" de la izquierda.
Por su parte el diputado del grupo de No Adscritos Lluis Torró, afirmó que la norma tiene "problemas importantes" por sus "insuficiencias" especialmente, dijo, la financiera. No obstante, señaló, al igual que Compromís, que los problemas de financiación local "no se resuelven en Valencia, sino en Madrid" y por ello se abstuvieron en la votación.