El CVCA dice que el PE no es competente para determinar la legalidad de una norma o actuación urbanística

VALENCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), Francisco Real, afirmó hoy en un comunicado que ni el Parlamento Europeo (PE) ni la Comisión "son competentes para determinar la legalidad o ilegalidad de una norma o actuación en materia urbanística", en referencia a lo que denominó "las injerencias europeas ante la reforma legislativa del ordenamiento territorial plasmada en la Ley Urbanística Valenciana".

Según sostiene en el comunicado, el informe contra la Ley de Actividades Urbanísticas de la Comunitat Valenciana (LRAU) y las "críticas constantes" a la Ley Urbanística Valenciana "son una transgresión al principio de soberanía" e insistió en que el PE "no es el órgano competente para verificar si ha existido una infracción, delito o cualquier otro tipo de ilegalidad urbanística, sino que son los tribunales ordinarios del estado miembro --España-- los que deben dilucidar estas cuestiones".

Así lo explica en una nota de prensa ofrecida durante la presentación del II Congreso de la Abogacía Valenciana, que se celebrará en octubre de este año en Castellón, con el fin de abordar la Justicia en la Comunitat Valenciana; la previsión de la abogacía; la ordenación del territorio y el derecho valenciano y de aguas que se tratarán en respectivas mesas redondas.

Para Real, según señala en el comunicado, la misión del PE es la de aprobar leyes europeas, responsabilidad que comparte con el Consejo de la UE, mientras que las propuestas legislativas provienen de la Comisión. "Su misión es aprobar leyes, no enjuiciar si una determinada actuación es contraria a derecho", señala.

La solución a la correcta aplicación de la normativa urbanística valenciana, a su juicio, "pasa por exigir a los Ayuntamientos un especial ciudadano en esta materia y acudir a los tribunales en caso de infracción, por lo lo único que cabe es solicitar a los consistorios municipales un mayor celo en las actuaciones urbanísticas, ya que el recurso a los tribunales se está ejerciendo con normalidad".

Según añade en el comunicado, "gran parte de las denuncias" que provocaron el informe del PE "han sido ocasionadas por propietarios de viviendas construidas al margen de cualquier procedimiento urbanístico e, incluso, edificadas en suelo no urbanizable o sujeto a algún grado de protección, lo que ha provocado la aparición de urbanizaciones clandestinas como consecuencia de la escasa capacidad disciplinaria de los ayuntamientos".

Asimismo, aboga por interconectar la legislación urbanística con la de los recursos hídricos y señala que no se puede "jugar con las leyes para que éstas cuadren con las estadísticas, tal y como intentan numerosas formaciones políticas y técnicos que desconocen la normativa urbanística española y la valenciana en particular". Considera que estudios como el del Observatorio de la Sostenibilidad en España aportan estadísticas "frías" y pidió a órganos políticos y técnicos que dejen "trabajar a los juristas y no intenten legislar cuestiones cuya legislación se ha transferido o es propia de una autonomía, especialmente cuando estas actuaciones vienen motivadas por quejas interesadas", sin precisar de quién.

NO SUPONE TOMA DE PARTIDO

A preguntas de lo periodistas, Real indicó, sin embargo, que la postura explicada en la nota no supone tomar "ningún partido" en este tema ya que, dijo, "queremos hacer debates jurídicos independientes de los temas políticos" y señaló que en el comunicado se recoge "lo que, por otro lado es evidente".

"La Constitución Española reconoce a las comunidades autónomas las disposiciones exclusivas en materia de urbanismo, y haciendo uso de esas disposiciones, el Gobierno de la Comunitat ha promulgado una serie de disposiciones, previo debate, y lo que hay que hacer es aplicar esa norma, y si no se está de acuerdo, lo que se debe hacer es recurrir al Tribunal Superior de Justicia", indicó.

Real aseguró que desconoce si la postura que él mantiene es la misma que la del Consell de la Generalitat y añadió que del debate del Congreso puede que resulte una "totalmente contraria". "Si es así, ésa será la que se hará pública", dijo, y subrayó que la posición que expresa es "la jurisprudencia que hay en este momento". El presidente del CVCA, que afirmó no querer entrar en "debates políticos" porque su misión no es este debate, señaló que en el comunicado se expresa su planteamiento personal del tema "como presidente del Consejo a la vista de la legislación que existe y de la doctrina jurisprudencial".

Asimismo, preguntado por si su postura supone establecer un "puente" con el Consell tras las declaraciones del ex decano del Colegio de Abogados de Valencia, Fernando Alandete, que dimitió de su cargo la pasada semana, rechazó una relación porque las ponencias del Congreso "llevan varios meses elaborándose y se aprobaron el 27 de enero de 2006", en una reunión del pleno del CVCA. En este sentido, indicó que nunca aceptará "ningún tirón de orejas de ningún gobierno".

Real explicó que en el Congreso saldrá la postura que los abogados quieran tras el correspondiente debate y afirmó que no tratarán sobre el expediente abierto a la LUV porque no es su competencia, ni tampoco acerca del trasvase del Ebro ya que no entrarán en "disquisiciones políticas sobre el 'sí' o el 'no'" de esta iniciativa.

Preguntado por a quién se refiere cuando habla de "quejas interesadas" y si es por la ministra de Medio Ambiente, cristina Narbona, respondió que sólo tenía que decir "todo lo que suele salir en la prensa"