La consellera manifiesta que la Comunidad "ya tiene un sistema para personas dependientes" y exige que "se fije el modelo de Copago"
VALENCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel se mostró hoy "a favor de que exista una Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia", aunque matizó que "espera una Ley mejor" puesto que "el actual borrador no es claro ni ofrece prestaciones de máximos". Asimismo, señaló que propone un "modelo desarrollado desde hace mucho tiempo en la Comunidad Valenciana, sobretodo en la participación de las iniciativas privadas en los servicios sociales".
De Miguel, que analizó en rueda de prensa el anteproyecto de Ley, explicó que la propuesta del Gobierno "no es del todo clara", porque existen muchas "mejoras que deben incorporarse, como la fijación del modelo de Copago o la inclusión de medidas sociales como derecho universal y subjetivo".
La consellera explicó que durante la reunión que mantuvieron ayer en Madrid varios representantes de los gobiernos autonómicos con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, todas las Comunidades se mostraron "a favor de que exista una ley de dependencia", aunque matizó que "no nos gustan muchas cosas de esta ley, porque no son claras ni ofrecen unas prestaciones de máximos".
Por ello, destacó en referencia al modelo del Copago que se recoge en el texto legal, que "no está claramente fijado en la ley para que todos los ciudadanos de cualquier comunidad sean tratados de igual manera" y señaló que "no queremos una España desigual" por lo que exigió que "existan unos mínimos en la Ley para evitar una confrontación con la política del gobierno español que se limita a dar a ciertos territorios y repetir la situación del Estatuto de Cataluña".
En esta línea, añadió que este anteproyecto de Ley "no especifica claramente que es un derecho subjetivo", además de carecer de "un contenido básico de derechos". Para la consellera, no es "adecuado" que el Consejo territorial de Dependencia sea "quien decidida por reglamentos el marco de cooperación mediante convenios con las distintas Comunidades Autónomas" y sostuvo que "no vamos a permitir que existan comunidades de primera, de segunda y del PP".
Así, exigió que el texto recoja de "manera explicita" que es un derecho universal, además de concretar "una cartera de servicios mínima que deberá tener cada Comunidad para garantizar estos servicios", puesto que, consideró "dejan estos temas para un futuro plan y eso no es bueno".
Para la consellera de Bienestar, los convenios para establecer las aportaciones del Estado a cada Comunidad son "peligrosos", puesto que en esta bilateralidad entre autonomía y Estado "es el Consejo territorial del Ministerio quien tiene la última palabra", por lo que consideró que "con los precedentes que tenemos en este Gobierno (en referencia al Gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero) no tenemos ninguna garantía".
Por ello, la consellera recordó que "hace pocos meses, mediante un Real Decreto, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, firmó 15 donaciones, algunas de ellas de más de un millón de euros, directamente para financiar residencias de la tercera edad en Salamanca y León, sin exigir el 50 por ciento de financiación autonómica". Además añadió que, la "mayoría de estas localidades tienen gobiernos socialistas" y que entre éstas se encuentra el "propio pueblo del ministro".
Además, exigió que la futura Ley de Dependencia incluya "unos criterios iguales para todos a la hora de diagnosticar a las personas dependientes" porque "sin estos, estamos volviendo a la España diferente que ofrece, en función de donde vivas, unas prestaciones diferentes" opinó.
En cuanto a la financiación de la futura Ley, señaló que "no se genera ninguna fuente de ingresos nueva", por lo que "nadie ha dicho como se va a financiar esto a partir del 2015". En este sentido, señaló que el 72 por ciento lo pagarán los usuarios y la Comunidad Autónoma y que "en realidad el Gobierno Central no aportará el 50 por ciento anunciado, sólo dará una parte que el Gobierno Autonómico completará".
INICIATIVAS DE LA GENERALITAT
Asimismo, Alicia de Miguel, quien señaló que la Comunidad Valenciana es "la única" que ha hecho un estudio sobre las personas dependientes, aseguró que éstas "quieren permanecer en su entorno familiar el mayor tiempo posible", explicó la consellera, quien también constató que "la mayor parte que cuida a estas personas son mujeres".
En el encuentro, informó al ministro de Trabajo que en la Comunidad Valenciana ya hay un sistema de atención a personas dependientes en marcha. En esta línea, recordó la existencia 316 residencias para la tercera edad con 22.000 plazas, más de 3.000 del centro de Día para personas mayores y un programa para la prevención de la dependencia de personas mayores, como Centros de encuentro para mayores, con talleres y fisioterapeutas, para "retrasar y prevenir el grado de dependencia".
Además añadió que hay más de 1.500 plazas para enfermos mentales crónicos, y varios Centros Ocupacionales, además de un programa de atención domiciliaria del que se benefician más de 17.000 personas con asistencia, con iniciativas como 'Menjar a Casa' y otras actividades como el ocio y el termalismo para mayores.
En cuanto a la atención a las personas que cuidan a los dependientes, señaló que el entorno familiar valenciano recibe "más de 6,5 millones de euros para atender esta prestación", además de "cursos de formación y atención para el cuidado de estas personas".
Con ello, la consellera señaló que "por el hecho de que aparezca ahora esta Ley, no quiere decir que sólo a partir de ahora existan medidas de dependencia", sino, señaló, "las comunidades autónomas ya teníamos mucha experiencia en este tipo de prestaciones" y por ello criticó que "no se nos ha tenido en cuenta para elaborarla".
