Diputación pide reunirse con el secretario de Estado de Seguridad Social para hablar de técnicos municipales

Actualizado: martes, 19 julio 2016 19:04

VALENCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha remitido una carta al secretario de Estado de la Seguridad Social "ante la gran alarma" causada por las inspecciones de trabajo a los ayuntamientos de la provincia, en los que desarrollan su trabajo los técnicos contratados en virtud de los convenios profesionales suscritos por la institución provincial.

En su misiva, Rodríguez solicita una entrevista "a la mayor urgencia", con el fin, escribe, "de evitar el malestar y las graves consecuencias económicas que tendría la citada actuación de la Inspección sobre estos ayuntamientos pequeños y con pocos recursos económicos", según ha explicado la corporación provincial en un comunicado.

La Diputación ha destacado que estará al lado de los ayuntamientos "hasta el final", defendiendo la legalidad de los convenios con distintos colegios profesionales para ofrecer asesoramiento a los municipios, en especial los de menor población, en distintas materias determinantes para su funcionamiento.

Estos convenios "llevan más de 30 años haciéndose y son fundamentales para que los pequeños ayuntamientos puedan prestar los servicios básicos municipales", ha explicado la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García

Desde hace 30 años, la Diputación de Valencia tiene suscritos convenios con distintos colegios profesionales --en la actualidad, 16-- en virtud de los cuales los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y las mancomunidades pueden contar con el trabajo cualificado de técnicos --arquitectos, ingenieros y graduados sociales-- por periodos de entre dos y cuatro horas semanales, por un importe pactado previamente entre los correspondientes colegios y la institución provincial, que subvenciona el 80 por ciento de su coste.

La relación que se establece entre los ayuntamientos y los técnicos es de naturaleza administrativa, y está formalizada en un contrato mercantil. Esto es precisamente lo que la Inspección de Trabajo pone ahora en cuestión, pues considera que dichos profesionales, que cotizan como autónomos y prestan al tiempo sus servicios a otras entidades, empresas y particulares, deberían haber estado incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, con la única excepción de los graduados sociales.

En línea con esto, reclama a los ayuntamientos el pago de las tasas de la Seguridad Social de los últimos cuatro años y les insta a incorporarlos a su plantilla de trabajadores, lo que conllevaría un gasto que la mayoría de los municipios no puede afrontar.

Este mismo mes de julio se ha puesto en marcha el levantamiento de actas en las 186 entidades locales implicadas en un proceso que la administración estatal ha iniciado con carácter general en toda la provincia de Valencia, aunque no en otras provincias, tal como recuerda el propio presidente de la Diputación en su misiva al secretario de Estado de la Seguridad Social.

"Esta misma colaboración --escribe en referencia a la realizada entre Diputación, colegios profesionales y ayuntamientos-- se realiza también desde la Diputación de Castellón y en los mismos términos sin que la Inspección haya cuestionado el régimen aplicable".

Jorge Rodríguez recuerda, además, las dos únicas sentencias judiciales existentes sobre esta materia, dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en referencia a sendos procesos contra los ayuntamientos de Caudete de las Fuentes y Fuenterrobles, en las que "se dio la razón al criterio seguido por la Diputación de Valencia, en contra de lo pretendido por la Inspección de Trabajo en su momento, sin que se haya producido ninguna modificación legislativa al respecto", indica en la carta.

El gobierno provincial aboga por la vía del diálogo entre administraciones, y confía en que la reunión "urgente" solicitada ahora al secretario de Estado "aporte más soluciones que la mantenida recientemente con el subdelegado del Gobierno en la Comunitat", pues, tal como ha recordado la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, "únicamente nos emplazaron 'a seguir hablando'".

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