VALNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Dos periciales elaboradas a cargo de una de las defensas personadas en la 'operación Greencircuit' que, según informó la Guardia Civil el pasado mes de septiembre acabó con la intervención de 9.000 plantas de marihuana en una nave industrial de Cheste (Valencia), consideran "materialmente imposible" que en esa actuación pudieran incautarse los 600 kilos que constan en el atestado y, de hecho, una de ellas rebaja a 46 los kilos de sustancia neta de cannabis apto para su consumo aprehendidos.
Así se concluye de las dos periciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, que constan en una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número dos de Requena, a raíz de la operación desarrollada por la Guardia Civil en esa nave de Cheste y que llevó a la detención de ocho personas en las provincias de Valencia, Madrid y Cádiz, por su presunta implicación en, entre otros, un delito contra la salud pública.
Según informó en su momento públicamente la Guardia Civil, en la actuación se intervino 9.000 plantas de marihuana --con un peso de unos 500 kilos y 100 kilos de marihuana más seca envasada y dispuesta para su envío, distribución y consumo--, junto con objetos que sumaban más de cuatro millones de euros.
La defensa pidió las periciales al detectar contradicciones entre el informe de la Guardia Civil y el acta de recepción de la sustancia en el área de Sanidad de la Delegación del Gobierno. En el del instituto armado se hacía constar unos 600 kilos de marihuana, la existencia de 7.036 plantas medidas en floración --total de 7.006 tras desechar partes leñosas-- y 761 ramas de cogollos junto con 30 plantas más de muestra para el pesaje.
En el informe con el análisis de los fotogramas, la Guardia Civil señala que el grupo criminal estaría procesando "una gran cantidad de plantas de marihuana hasta su secado", y cifraba en unos 600 kilos de marihuana seca en bolsas las incautadas en la sala de almacenado, hallada con el sistema de refrigeración activo y con diez bolsas con unos 100 kilos de esta sustancia seca. Por contra, en el acta de recepción en Sanidad se hacía constar un peso bruto entre ambas de 478 kilos que, tras el informe analítico, se quedaron en 446.
Sin embargo, estas cantidades se cuestionan en las dos periciales. En una de un ingeniero industrial se apunta que la capacidad de producción de las instalaciones, que estaban desmantelándose en el momento de la operación, sería de entre 48 y 56 kilos; que la capacidad máxima productiva ascendería a 200 (la tercera parte de lo supuestamente aprehendido) y que, por tanto, los 600 kilos o no se elaboraron allí porque supondrían tres temporadas de cultivo o no se trata de marihuana seca y hay un error de identificación.
En el informe de un ingeniero técnico agrícola se hace notar que no se ha hecho ningún pesaje inicial --ni en la propia intervención ni en Sanidad-- y que se trata de un peso bruto que se obtiene de "extrapolar" una muestra de 30 plantas (de 1.939 gramos) a 7.036, cantidad que también cree que es "materialmente imposible" que hubiera en el momento de la intervención.
De este modo calcula que, de acuerdo con los focos en funcionamiento, el peso bruto total del material incautado apenas excedería los 152 kilos, según comprobó en la visita a la instalación. De acuerdo con esta pericial, el supuesto peso neto de Sanidad sería "incorrecto" al tratarse de una extrapolación de un número de plantas inexistente.
Y como resumen de su pericial y, de acuerdo con sus mediciones, determina que se intervinieron 117 bolsas entre plantas, cogollos, material seco triturado, restos de cosecha y material vegetal húmedo podrido, que sumaría el peso bruto de los 152 kilos, 132 en seco y una cifra final de 46 kilos aptos para consumo como estupefaciente.
CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE
Los agentes descubrieron la plantación al registrar la nave, que fue alquilada hace dos años para una supuesta empresa dedicada a servicios de almacenamiento, custodia y preparación de vehículos para concesionarios, un recinto que había sido hermetizado, aislado y ventilado a modo de invernadero intensivo de cannabis y con fuertes medidas de seguridad, de acuerdo con el instituto armado.
La plantación también disponía de un sofisticado sistema para la producción de marihuana, compuesto por generadores de electricidad, climatizadores, extractores de aire, filtros, lámparas de alta potencia, ventiladores, transformadores y productos específicos para el cultivo. Entre los ocho detenidos figuran empresarios con un alto poder adquisitivo afincados en Madrid y Valencia.
Las periciales se han practicado tras la petición del abogado Emilio Pérez, que ejerce como defensa, que llevó a la Audiencia de Valencia la negativa del Juzgado de Instrucción a autorizar esas pruebas. En concreto, el letrado reclamaba el análisis de la sustancia incautada por parte de un ingeniero técnico agrícola para determinar la naturaleza del material incautado, pureza y su peso neto y que un ingeniero industrial certificara la capacidad del material eléctrico usado para conseguir el crecimiento y la capacidad de cultivo en la nave de acuerdo con la superficie en metros cuadrados de las salas.
La instructora denegó su pertinencia alegando que los guardias civiles hicieron constar de forma "concreta e individualizada" por salas del total de 7.036 plantas de marihuana y 600 kilos de sustancia elaborada, con constancia fotográfica de la inspección ocular; que el informe del área de Sanidad de Delegación de Gobierno es "suficiente y válido" y que no veía "pertinente ni útil" la repetición o ampliación del informe del perito de parte.
Sin embargo, la defensa cuestionó la existencia de recuento individualizado de plantas ni por sala ni superficie; alegaba que se contabilizaron plantas como meras macetas con sustrato; que las fotografías solo revelan una sala de cultivo a pleno rendimiento (el resto de focos están desmontados) --con unas 2.000 plantas-- o que los 600 kilos de marihuana seca solo responden a material de desecho.
La sección cuarta de la Audiencia de Valencia dio la razón al letrado para realizar las periciales a su costa, al tiempo que criticó la "pérdida de tiempo y recursos" que había supuesto la decisión de la instructora de remitirles las actuaciones originales para conocer de este recurso.
