VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Educación ha manifestado este martes su intención de trabajar conjuntamente con los sindicatos y los responsables de las universidades públicas para "reducir las diferencias" en las condiciones laborales de los profesores asociados, ante el conflicto por el que están en huelga indefinida los de la Universitat de València (UV) y los de la Politècnica (UPV) a partir del 16 de abril.
Educación ha trasladado esta postura a los representantes de las cinco universidades públicas valencianas y los sindicatos CCOO, SEP-CV, STEPV-IV, UGT FESP y CSI·F en la undécima sesión de la Mesa negociadora del convenio colectivo con las universidades, reunida este martes.
Desde la Conselleria subrayan su objetivo de abordar la problemática de los profesores asociados de forma conjunta a lo largo de las próximas semanas.
En este contexto, durante el mes de mayo se celebrará la próxima sesión de la Mesa negociadora, que tratará las propuestas que hagan tanto sindicatos como universidades respecto a las retribuciones de los diferentes colectivos. Educación mantendrá paralelamente reuniones técnicas para tratar otros aspectos del convenio, más allá de los retributivos.
CONVENIO PARA VERANO
El departamento que dirige Vicent Marzà ha reiterado su compromiso de establecer un convenio colectivo de mejoras de los condiciones laborales del personal universitario, "que no solo son retributivas". El objetivo de la Conselleria es tener el acuerdo pactado por todas los partes en verano como máximo.
Los colectivos a los que va dirigido este convenio son el personal administrativo y de servicios (PAS), ayudantes, ayudantes doctores, asociados, visitantes, contratados doctores, profesorado colaborador y personal investigador. Desde Educación remarcan que la orden del día de la Mesa negociadora de este martes no incluía ningún punto a tratar sobre los cuerpos específicos de profesorado universitario.
Sobre el órgano negociador, la Conselleria ha recordado que se trata de una Mesa "antes inexistente" y que la Generalitat creó en 2016 al verla necesaria, puesto que "éramos la única comunidad autónoma que no contaba con un ente de estas características por el hecho que el anterior gobierno se había negado a crearla".
