VALENCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La asociación Cercle Obert de Benicalap (Valencia) pidió hoy al Síndic de Greuges y a la Sindicatura de Comptes que investiguen los gastos públicos destinados a la organización del V Encuentro Mundial de las Familias (EMF), celebrado la pasada semana en la capital, y calificó de "inconstitucional" que el Ayuntamiento y la Generalitat "se dediquen a sufragar, subvencionar y promover actos privados de una institución religiosa, pues provoca un trato claramente discriminatorio contra todas las otras confesiones".
Según indicó este colectivo en un comunicado, "la religión católica es una de las muchas existentes en nuestra Comunidad" por lo que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia "no tienen la obligación ni el deber" de "dedicar cantidades enormes y desproporcionadas de dinero y recursos humanos, técnicos y publicitarios a la preparación, difusión y organización de un acto privado".
En este sentido, lamentó las "enormes carencias" de "muchos barrios periféricos" que consideró que "deben ser una absoluta e inaplazable prioridad para nuestros representantes y gestores públicos". La asociación cree "una ofensa y un delito gravísimo que los escasos recursos económicos de que disponen las arcas autonómicas y locales, se destinen al diseño, organización, difusión y preparación" del EMF, "organizado por una de las muchas confesiones que conviven en nuestra ciudad".
Cercle Obert insistió en que "debe haber una total separación de las religiones con el Estado, si realmente queremos y deseamos que no existan tratos discriminatorios y vejatorios contra los que tenemos otras creencias y vivimos otras formas de espiritualidad".
Por ello, añadió que les parece "urgente" que los poderes públicos --entre los que citó el Síndic de Greuges, el Congreso de los Diputados, el Defensor del Pueblo, la Sindicatura de Comptes, Parlamento Europeo y Casa Real--, "vigilen" los "enormes y disparatados gastos que ocasionan visitas y encuentros de una de las muchas religiones que existen en la Comunidad Valenciana" con el fin de "evitar tratos discriminatorios y persecuciones" hacia "aquellos que creemos y defendemos unas instituciones laicas, abiertas, plurales, participativas y realmente democráticas".
En este sentido, pidió la apertura "de investigaciones oficiales y rigurosas, para que se haga público el total de subvenciones y ayudas económicas que recibe la Iglesia Católica del Estado y las instituciones públicas españolas" así como "todos los gastos y aportaciones que ha recibido el EMF y la visita del Papa en Valencia".
La asociación calificó de "lamentable" y "preocupante" que las instituciones públicas valencianas "destinen tantos recursos económicos, técnicos y humanos, cuando existen muchas carencias estructurales que deben ser abordadas de manera urgente".
Entre ellas, citó, la carencia de "una verdadera red de centros y residencias públicas para atender a los miles de enfermos mentales crónicos"; "deficiencias" en los barrios dormitorios de la periferia de Valencia ciudad; una red de instalaciones públicas deportivas; una red de bibliotecas y centros sociales, juveniles y culturales; una red de viviendas de alquiler público; enseñanza pública "bien dotada" y una "plural y participación real, constante y abierta en las instituciones públicas".
Asimismo, piden la creación de una Ley "para que todos los fieles o creyentes de cualquier religión subvencionen y sufraguen los gastos de su confesión, evitando que el Estado tenga que pagar elevadas sumas de dinero a religiones o credos que no son las nuestras".
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