Sostiene que el ex titular de Gobernación obtuvo dádivas por la adjudicación de los concursos, principalmente cacerías
VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)
El juzgado de Instrucción número dos de Sagunto (Valencia) que investiga la conocida como 'trama del fuego' ha decidido enviar a la Audiencia Nacional esta causa, en la que figuran como investigados el exconseller de Gobernación con el PP y ex delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, ex altos cargos de la Generalitat Valenciana y de la catalana y una treintena de empresarios, al considerar que los hechos se enmarcan en una organización criminal que operó en más de un territorio e incluso en el extranjero: Portugal, Chile e Italia.
Los delitos que se investigan son falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, negociación prohibida, pertenencia a grupo criminal y alteración del precio de concursos públicos dentro de una organización que, de acuerdo con el instructor, presuntamente amañó contratos para la extinción de incendios.
Según consta en el auto de inhibición, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, para el instructor, los hechos "han sido cometidos en el seno de una organización criminal, perdurable en el tiempo, de manera indefinida, que afecta no solo a más de una Audiencia, sino que inclusive dicha organización ha operado fuera del territorio nacional, a saber, Portugal, Chile e Italia".
Por ello, sostiene que queda suficientemente acreditada la existencia de una organización englobada por el conjunto de 14 empresas asociadas en AECA, que "de manera pormenorizada y continuada alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico para, o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo a una empresa, por el precio máximo de licitación y, por ende, adjudicándoselo por dicho importe".
O, también "presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, atentando contra la libre competencia, el principio de equidad e imparcialidad que debe de presidir en los concursos públicos, y causando con ello un importante perjuicio económico para el erario público" tanto nacional como autonómico y en su caso internacional.
'GRUPO 6'
Del mismo modo, según el juez, existen seis empresas que se autodenominan 'Grupo 6', pertenecientes a AECA, "que ya no solo y con las mismas premisas que concertaban en relación a los concursos públicos tanto nacionales como autonómicos, en cuanto a concursos públicos de aviones de ala fija, sino también inclusive a nivel internacional", sea el caso de Portugal, Italia y Chile, que "orquestaban" sus propias normas "contrarias a los principios de la libre competencia, como respetar a toda costa sus áreas de influencia" y que además liquidaban de manera anual por diversos conceptos entre ellas.
Este grupo se creó en 2001 en Palma del Río y participaban: Avialsa T-35, cuyo socio es Vicente Huerta; Fumigación Aérea Andaluza (FAAFSA); Compañía de Extinción General de Incendios (que incluía Inaer, Helicsa y Transportes Aéreos del Sur); Miguel Ángel Martínez Ridado; Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Extremeños, todos ellos con sus administradores o directivos.
En este caso, señala que llama "poderosamente la atención" la liquidación a favor de la empresa TAEXSA, de indemnizarle entre las empresas que formaban el grupo por dos años con la cantidad de 100.000 euros anuales por no presentarse a concursos públicos en relación a una aeronave, o satisfacer entre todas a otra --Martínez Ridao-- por haberse presentado a un concurso público en Castilla La Mancha por precio inferior al de la licitación, con el fin de evitar que el concurso se adjudicara a una empresa ajena al grupo.
De esta forma, se expedían entre todas ellas un conjunto de facturas por conceptos no ejecutados sino con ocasión de los acuerdos alcanzados, con lo que se alteraban los principios básicos de la libertad de mercado.
Además del concierto, el juez sostiene que la empresa Avialsa T-35, para incrementar los beneficios obtenidos de los concursos por la prestación del servicio de extinción de incendios en la Comunitat Valenciana y Cataluña, procedía, por medio de dádivas y regalos a favor de altos cargos, a obtener mayor volumen de negocio: se aumentaba el número de aviones; los días de contratación y se publicaban esos concursos por la tramitación de urgencia no ordinaria, es decir, con un plazo de ocho días a las compañías para presentar los pliegos. Además, evitó penalizaciones por incumplimientos de las prestaciones técnicas.
CACERÍAS, HOTELES Y UN COCHE
En el caso de la Comunitat Valenciana, el juez sostiene que, por el material intervenido, se puede determinar que recibieron dádivas el exconseller Castellano, el exdirector general de Interior Pedro Hidalgo y el hijo de este último. Con Castellano al frente de Gobernación, según el juez, se observó un incremento en la licitación de los concursos, a los que únicamente concurría Avialsa, lo que generó un aumento de gasto a la administración.
De hecho, según el magistrado, con ocasión de la llegada de Castellano a ese departamento, por la prestación del mismo servicio se incrementaron las anualidades más de dos millones cada año "sin perjuicio de ser por todos conocida la situación económico financiera que acontecía a nivel mundial".
El juez concreta que, a fecha de esta resolución, se puede concretar como dádivas recibidas por Castellano para obtener la adjudicación de los contratos, un rifle Browing; 5.000 euros para sufragar una cacería o invitaciones para actividades cinegéticas, con amistades incluidas, que alcanzaron importes de hasta 43.643 euros. Asimismo, señala el juez que existen indicios de que el que fuera presidente comarcal del PP Francisco Huguet fue empleado por una de las sociedades del grupo en contraprestación por los contratos adjudicados. Respecto a Pedro Hidalgo, considera el juez que, al conformar facturas, recibió como dádiva un Wolkswagen Touareg para su hijo.
También considera que existen un comportamiento de cohecho en ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña: el ex subinspector de Bomberos, jefe de la Unidad de Medios Aéreos hasta mayo de 2009, Ramón Dinares; el que fuera jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio de la Subdirección General de Gestión Económica y Contratación de Interior, Xavier Palmés y el responsable de la División Operativa de la Dirección General de emergencias y Seguridad, Manuel Bosch.
En este caso, sostiene que con ocasión de la contratación de la Generalitat catalana con Avialsa mediaron ilícitos desde 2003 por los que la adjudicataria obtuvo hasta 47 millones de euros hasta 2015. Según el juez, los investigados anticiparon a la empresa requisitos del concurso. En el caso de Dinares, cree acreditado que recibió estancias en hoteles de lujo o equipos informáticos.
