MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Los consejeros autonómicos del PP de La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León, coincidieron hoy, durante sus intervenciones en la Comisión General de las CCAA del Senado, en la crítica a la propuesta de Estatut para Cataluña por considerarlo insolidario, injusto y al margen de la Constitución. Los consejeros de estas CCAA fueron los únicos representantes autonómicos que finalmente asistieron al debate, pese de que durante semanas se habló de la posible asistencia de los presidentes regionales del PP.
El consejero de presidencia de La Rioja, Emilio del Río Sanz, aseguró que su comunidad no está contra los catalanes, Cataluña o sus instituciones y que valora "la ambición" de los políticos que han impulsado este Estatut, pero que "muchas de sus peticiones sobrepasan la Constitución y son a costa de los españoles, también de los riojanos". "La Rioja no es igual que Cataluña, pero no queremos ser menos que los catalanes", advirtió.
Del Río resumió los argumentos de su comunidad contra el Estatut: "Rompe la igualdad entre los españoles, la solidaridad entre los territorios y crea Comunidades de primera y de segunda. Vacía de contenido al Estado, lo debilita y nos debilita de paso a todas las comunidades que encontramos en el Estado nuestra razón de ser, el impulso y fortaleza", censuró el consejero.
Sobre los perjuicios que a su juicio causa este proyecto estatutario, el consejero riojano expuso que su comunidad "ya los está padeciendo" porque no cuenta con las suficientes inversiones del Estado. Y respecto a la financiación, explicó que "a partir de ahora, en Cataluña se lo guisan y se lo comen y, a los riojanos, nos dicen cómo guisarlo y además meten la cuchara".
SOLEDAD DE MARAGALL
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, resaltó que el paso del Estatut por el Senado es un "mero trámite", al tiempo que subrayó el hecho de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, no sea acompañado por "representante alguno" del Gobierno de la nación o de alguna CCAA gobernada por el PSOE. "Esta propuesta de reforma va a acabar, si esta Cámara no lo remedia, donde tiene que hacerlo, en el Tribunal Constitucional", agregó.
Asimismo, calificó la propuesta de reforma de Estatut como "engañosa, insolidaria, esperpéntica y maquiavélica". Además, se dirigió a la representación catalana para decirles que "no pueden ser una minoría" que "imponga" un criterio a 45 millones de españoles, y añadió que están "engañando" a los españoles, "entre ellos también a los catalanes", porque todo esto se está haciendo desde el hecho de "forzar y manipular" la Constitución.
Según dijo, esta situación afecta a "todos los españoles" porque se está "invadiendo" su "libertad" y sus "derechos". Así, señaló que no se opone a Cataluña o a las catalanes, sino al "nacionalismo de su tripartito, gobernado por una minoría próxima a la segregación", al tiempo que recordó que en el caso del Estatuto valenciano hay un "magnífico ejemplo justo en el otro sentido".
Afirmó, por tanto, que si el Gobierno del Estado no da "marcha atrás" habrá perdido toda "autoridad moral" para poner freno a la "codicia política" que otros gobiernos regionales puedan desarrollar. Acusó al texto estatutario de querer apropiarse para Cataluña de una serie de recursos hídricos que "son de todos los españoles" y resaltó que rompe con la Ley de Financiación de las CCAA, que se basa en la cohesión territorial.
QUIEBRA DE SOLIDARIDAD E IGUALDAD
Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Esteban González Pons, manifestó su oposición al texto porque "no está pactado con el PP" y porque alguien tiene que defender los "derechos de la inmensa mayoría de quienes no se sienten nacionalistas". "Debemos oponernos a que se rompa el concepto constitucional de unidad de España, a que se quiebren los principios de solidaridad e igualdad entre todas las CCAA, y ambas cuestiones quedan en entredicho", indicó.
En este sentido, aseguró que Cataluña sólo podía ser definida como una nacionalidad o una región, ya que "no hay en la Constitución fórmulas intermedias, redacciones alternativas posibles". Avanzó que si esto se aprueba habrá "regiones, nacionalidades y realidades nacionales, tal y como no quiso la Constitución". Además, criticó que se consagre la bilateralidad entre Cataluña y el Estado, aunque la Constitución dice que esta bilateralidad "sólo puede darse en casos muy concretos".
Asimismo, afirmó que "disfrutar de privilegios no es democrático", por lo que ese no es el tono que debe presidir el diseño del "Estado español del siglo XXI", al tiempo que reivindicó el binomio "igualdad - solidaridad". González Pons, quien realizó toda su intervención en castellano, apuntó que el término realidad nacional no es más que un "eufemismo político" que ahora "contenta" pero que plantea "problemas" para el futuro.
Recordó que en el estatuto valenciano también hay una realidad nacional, la española, como en la Constitución de 1978. "No caben dos mismas realidades nacionales en un mismo espacio, porque como las personas, cada realidad nacional necesita su espacio para desarrollarse. Ya me explicarán cómo vamos a resolver esta contradicción entre el estatuto catalán y el valenciano", sentenció.
"AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN"
El consejero de Educación de Baleares, Francisco Fiol, manifestó su oposición a que la legitimidad del Estatut pueda "nacer al margen" de la Constitución, ni que el título primero (derechos y deberes) sea "distinto" al de la misma Constitución, porque es "romper el principio de igualdad" entre todos los españoles. También expresó su discrepancia con algunas de las Instituciones que el Estatuto reclama, como el Consejo de Garantías Estatutarias, "por ser un embrión de un Tribunal Constitucional paralelo".
Subrayó que "lo mismo" puede decirse respecto al Poder Judicial, que en Cataluña "se constituye como diferente al español", así como en ciertas cuestiones en materia de educación. Expresó también su preocupación por la bilateralidad, ya que pone en "igualdad" a la Generalitat con el Estado, diciendo que las demás CCAA "no pueden participar a ese mismo nivel", algo supone una "eliminación" de la "equidad precisa".
Por otro lado, denunció que el texto pretende apropiarse "indebidamente" del Archivo de la Corona de Aragón, incluyéndolo en el sistema de archivos de Cataluña. Según apuntó, esto supone una "falta de respeto" a los derechos históricos de las CCAA que también formaron parte del Reino de Aragón (Valencia, Baleares, Aragón y Cataluña), algo que no pueden aceptar por tratarse de un "abuso".
"INSOLIDARIO Y EGOÍSTA"
Finalmente, el consejero de Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró "preocupado" por el reconocimiento de Cataluña como nación y consideró un "disparate" hablar de una nación dentro de otra nación, "o de nación de naciones". Asimismo, calificó de "sorprendente" la relación de bilateralidad entre Generalitat y Estado recogida en el documento estatutario, "como si de dos iguales se tratara".
Criticó también el uso "preferente" que se da a la lengua catalana "por encima" del castellano, y recordó que hay más de 500.000 castellanos y leoneses que viven en Cataluña y "no puede entenderse" la lengua como motivo de "discriminación o exclusión". "No comprendemos que ésta pueda convertirse en un elemento discriminatorio para acceder a la función pública", añadió.
En este sentido, criticó la voluntad de "crear un poder judicial catalán", así como el sistema de financiación contemplado en el texto, puesto que sustituye una solución multilateral aprobada por todos los gobiernos autonómicos, por otra bilateral. Según dijo, este Estatut es "insolidario, egoísta, una auténtica bofetada al principio de solidaridad".
