VALENCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La aprobación de la nueva norma institucional de autogobierno de los valencianos permite culminar un proceso de negociaciones que se inició hace casi diez años, en la cuarta legislatura, con la aprobación por parte del pleno de las Cortes Valencianas en septiembre de 1996 de la creación de una comisión especial para el estudio de la reforma y su posterior constitución en marzo de 1997.
La comisión se reunió en dos ocasiones más y acordó el nombramiento de la ponencia que debía llevar a cabo los trabajos, pero estos no llegaron a prosperar y la cuestión de la reforma se retomó durante la quinta legislatura, con la creación nuevamente de la comisión especial en noviembre de 1999, que celebró una única reunión más. El 31 de mayo de 2004, durante la actual legislatura, se volvió a constituir la comisión y se designó la ponencia que finalmente se encargaría de llevar adelante las negociaciones.
Los trabajos dieron como resultado la presentación por parte de PP y PSPV de la proposición de ley en las Cortes Valencianas un año después, el 26 de mayo de 2005, fruto del acuerdo alcanzado dos días antes por el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, y el secretario general del PSPV y portavoz en las Cortes Valencianas, Joan Ignasi Pla, sobre el contenido del texto.
El pleno de las Cortes Valencianas aprobó el 3 de junio, con los votos favorables de PP y PSPV y en contra de EU-Entesa, la toma en consideración de la proposición de ley, que recibió el apoyo definitivo de la Cámara autonómica el 1 de julio, coincidiendo con el vigésimo tercer aniversario del Estatuto de 1982.
El 4 de julio, la reforma entró en en el registro del Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria en la Cámara baja, que aprobó su toma en consideración el 20 de septiembre con el respaldo de 306 votos procedentes de los grupos de PP, PSOE, CiU, PNV, CC, EA y Na-Bai; la abstención de ERC, BNG y CHA ; y el único voto en contra de Izquierda Verde (IU-ICV).
CONGRESO
De esta manera, la Comunidad Valenciana, y en virtud del pacto entre populares y socialistas, se convirtió en la primera autonomía en introducir en el Congreso de los Diputados la reforma de su Estatuto en la presente legislatura, tras el intento frustrado del denominado 'Plan Ibarretxe'.
Durante la negociación del texto en Madrid, los socialistas plantearon la supresión de la expresión 'idioma valenciano' y la reducción de la barrera electoral del 5 al 3 por ciento, basándose en dos enmiendas de IU, si bien, finalmente, sólo prosperó la supresión de la barrera en el texto del Estatuto y su remisión a una ley electoral valenciana.
Así lo aprobaron PSOE y PP en la Comisión Constitucional del Congreso, apoyándose en enmiendas presentadas por los grupos minoritarios. Se cumplió así el pacto entre los dos grandes partidos, que no asumieron más modificaciones que las que ellos decidieron.
Entre éstas, además de lo referido al tope electoral, la tramitación en el Congreso introdujo cambios destinados a precisar el alcance del derecho al abastecimiento de agua de calidad y a la redistribución de los sobrantes hídricos de cuencas excedentarias y se determina que su ejecución se hará "de acuerdo con la ley". Además, se introduce la palabra 'civil' para delimitar el derecho foral valenciano, que pasa así en el texto a figurar como derecho civil foral valenciano.
La reforma fue aprobada por el pleno de la Cámara baja el 9 de febrero, con los únicos votos a favor de PSOE, PP y Coalición Canaria. La consideración del valenciano como idioma y que no se redujera del 5 al 3 por ciento la barrera electoral, entre otras consideraciones, apartó a los grupos menoritarios del consenso.
SENADO
El texto fue ratificado el 8 de marzo por el pleno del Senado, donde no registró ninguna modificación. PP y PSOE llevaron hasta el final su pacto y, tras los cambios introducidos en el Congreso, no aceptaron en la Cámara Alta ninguna de las 149 enmiendas presentadas por los grupos. Votó también a favor del proyecto Coalición Canaria y, en contra, ERC e IC-V (miembros de la Entesa Catalana junto al PSC, que votó a favor), CiU, PNV, IU y BNG. El Partido Aragonés se abstuvo.
Las críticas de los grupos que no aceptaron la reforma coincidieron en tres aspectos: que se queda corto en ambiciones respecto a otros estatutos, que finalmente recoge que el valenciano es un idioma y que no se incluye la barrera electoral del 3 por ciento.
Con la aprobación por el pleno del Senado, la reforma del Estatuto concluyó su tramitación en las Cortes Generales, y pasó al Parlamento autonómico, donde se han debatido las modificaciones introducidas por el Congreso. El acuerdo adoptado hoy por el pleno de las Cortes Valencianas será comunicado por el presidente y la Mesa de la Cámara a las Cortes Generales.
