Estatuto.- Grupo mixto advierte de que acudirá a los tribunales para paralizarlo si no se admiten a debate sus enmiendas

Europa Press C. Valenciana
Actualizado: miércoles, 22 marzo 2006 14:41

VALENCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo mixto en las Cortes Valencianas advirtió hoy de que acudirá a los tribunales para paralizar la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana si no se admite la tramitación de sus enmiendas al texto.

El único diputado del grupo mixto, Javier Tomás, manifestó hoy, a través de un comunicado, que sería "una irregularidad gravísima que el grupo parlamentario popular impidiera el debate en comisión y pleno de las enmiendas planteadas a la reforma del Estatuto valenciano", lo que, según señaló, tendrá "una rápida respuesta ante los tribunales".

Javier Tomás calificó de "ridículo" el argumento empleado por el presidente de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat Valenciana, Rafael Maluenda, para rechazar el debate de las enmiendas --que éstas no estaban firmadas por el diputado sino por otra persona-- y afirmó que esto "cae por su propio peso y no puede ser utilizado para impedir el correcto desarrollo del debate parlamentario sobre la reforma estatutaria pactada entre PP y PSOE".

Así, advirtió de que si la comisión rechaza debatir las enmiendas contra la reforma del Estatuto, instará "inmediatamente" la paralización de la tramitación de la proposición de ley orgánica por medio de la interposición de una medida cautelarísima ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con el trámite de urgencia establecido para el recurso especial de protección de los derechos fundamentales de las personas al amparo de las leyes de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de Protección Jurisdiccional.

Además, informó de que había realizado una ampliación documental de la denuncia interpuesta ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un posible delito de prevaricación contra el presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, y los portavoces del grupo parlamentario popular.

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