VALENCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diputado de EU-Entesa en las Corts Valencianes Carles Arnal exigió hoy a la Generalitat conocer "todo el expediente" sobre presuntas investigaciones científicas relacionadas con la caza con 'parany'", que, según denunció, se están impulsando desde la conselleria de Territorio.
Arnal ha recibido "informaciones" que indican que la directora general de Gestión del Medio Natural, María Concepción Maroto, "ha adjudicado, aparentemente sin publicidad y a dedo, una serie de cantidades económicas para efectuar unas supuestas investigaciones científicas en relación a la caza con 'parany' tendentes a legalizar esta práctica, hoy por hoy, ilegal".
"Las investigaciones parecen centrarse en encontrar encontrar una nueva pasta pegajosa, el visco, diferente de la empleada actualmente, sin que esto implique una modificación sustantiva del método de caza, que es considerado por los tribunales como masivo y no selectivo, y por esto declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea y el Tribunal Supremo", dijo.
"Es necesario destacar que la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el 'parany' deja claro que la Generalitat no puede volver a autorizar la caza con este procedimiento, de ninguna forma ni bajo ninguna excepción, dado su carácter no selectivo, incurriendo de lo contrario en una prevaricación conforme al vigente Código Penal", agregó.
No obstante, denunció que la directora general de Gestión del Medio Natural "continúa concediendo autorizaciones para realizar la caza con 'parany' amparadas en supuestos motivos científicos".
"Resulta sorprendente que, según nuestras informaciones, se ha contratado, por parte de Concepción Maroto, los servicios del departamento universitario en el que la misma directora general tiene su plaza de catedrática de Estadística e Investigación Operativa para que evalúe matemáticamente los resultados obtenidos", señaló.
"Otra parte de las investigaciones encargadas a la Universidad Politécnica de Valencia parece estar adjudicada al Departamento de Ciencia Animal, del cual forma parte uno de los funcionarios de la Dirección territorial de Valencia que trabajaba directamente en el departamento de Caza y Pesca de la conselleria cuando, por primera vez, fue declarado ilegal el 'parany' por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia", añadió.
También denunció que "resulta sorprendente que se hayan dado adjudicaciones directas a dedo y en paquetes inferiores a los 12.000 euros (límite máximo establecido por la ley), pero que en conjunto llegan casi a los 40.000 euros, a la misma Universidad Politécnica".
Para Arnal, "esta actuación rozaría la ilegalidad, dado que podría ser un intento de burlar la ley de contratos de las administraciones públicas, que exige que cuando se supera una determinada cantidad para la misma empresa (12.000 euros), los contratos han de salir a concurso y ser publicitados".
"Por la vía empleada en este caso, a base de fragmentar las cantidades económicas, se evita este límite, en un aparente intento de escapar a la fiscalización", criticó.
Arnal ha solicitado información sobre las denuncias recibidas, tramitadas y resueltas por la conselleria de Territorio, en relación a esta modalidad ilegal de caza, "ante los indicios de que podían haber cientos de denuncias sin tramitar ni resolver y con riesgo de que caduquen sin dar lugar a ninguna sanción", pero todavía no ha recibido contestación del titular del departamento, Esteban González Pons.
El parlamentario viene preguntando "infructuosamente," desde hace un año, a Territorio, "para que clarifique estas ayudas a la investigación y las licencias especiales de caza con parany que se conceden".
Según destacó, hasta ahora no ha obtenido ninguna respuesta al respecto, ni del anterior conseller, Rafael Blasco, "ni del teórico de los melones urbanísticos, González Pons, que en ningún momento ha desmentido la existencia de centenares de denuncias sin tramitar escondidas en despachos de la consejería, ni ha aclarado las supuestas irregularidades sobre la adjudicación de las investigaciones y las licencias de caza relacionadas".