VALENCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de EU-Entesa en el Congreso de los Diputados, Isaura Navarro, preguntará al Gobierno central, en un pleno que se celebrará el próximo miércoles, por las medidas que pretende adoptar para "favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa", indicaron fuentes de este partido.
La diputada aseguró que, en la actualidad, "este asunto está polarizando el debate político y social de las regiones y los municipios afectados con la intervención de voces muy autorizadas, como la del Premio Nacional de Medio Ambiente, Pedro Costa Morata, que en un diario regional se refería a la necesidad de mejorar la eficacia en la persecución de los delitos urbanísticos y medioambientales".
Asimismo, dijo que "otras personas, también muy autorizadas en materias como la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible, como el profesor de la Universidad de Murcia M. Angel Esteve, ya han advertido de la irreversibilidad ambiental, territorial y social del modelo de desarrollo basado en el 'convenio urbanístico' o Plan de Acción Integrada (PAI)".
En su opinión, a ésto "habría que sumarle las consideraciones realizadas por el Defensor del Pueblo en alguno de sus últimos informes remitidos a las Cortes Generales, o las conclusiones de la prestigiosa ONG Transparency Internacional, sobre los niveles de corrupción de un considerable número de democracias, y la vinculación entre corrupción y poder local a través de esa figura urbanística en la democracia española, como es el caso de Torrevieja, Orihuela, Castellón y un triste etcétera", comentó.
Las mismas fuentes aseguraron que Isaura Navarro propuso apostar "por una Ordenación del Territorio desde criterios sostenibles, generar una actividad inmobiliaria razonable y ordenada que acabe con la especulación y el negocio rápido, y la transparencia y la lucha eficaz para arrinconar la corrupción", que, según explicó, "une negocio con decisión política cimentada en el trato de favor, gestión de influencias, prevaricación y cohecho, desde la persecución de estos delitos desde una Administración de Justicia eficaz, que haga realidad el dicho: quien la hace la paga", concluyeron las citadas fuentes.