VALENCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El letrado del Colegio de Médicos de Valencia, Javier Peris, advirtió hoy de la existencia de "vacíos legales" en la legislación sobre el llamado 'Testamento vital' o 'Declaración de Voluntades anticipadas' y reclamó mayor "concreción" porque estos "huecos" pueden producir "una situación de riesgo" en el ejercicio de la profesión médica.
Así lo indicó durante la rueda de prensa de presentación de la jornada de análisis que sobre esta materia se celebrará esta tarde en el Colegio Notarial de Valencia, con la que se pretende además "evitar una presión social" como la surgida tras lo sucedido con el caso de Ramón Sampedro o el del pentapléjico de Valladolid, Jorge León, que está "generando una polémica alegada de la realidad social legislativa". Así, quieren que casos de este tipo "no se dén" porque haya "solución a la posibilidad de aplicación de la voluntad de los ciudadanos y la legislación".
En la rueda de prensa también estuvieron presentes el director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales, organizador del acto, Manuel Angel Rueda, y el notario Francisco Sapena Davó, que analizará durante la jornada la vertiente jurídica del documento. Este último no pudo precisar la cifra de las declaraciones de voluntades anticipadas que se han cumplimentado ante notario en la Comunitat hasta la fecha ya que es "muy difícil" porque antes de existir la legislación valenciana, había ya personas que las rubricaban de acuerdo con las normas catalanas.
En este sentido, indicó que las personas que firman esta declaración tienen alrededor de 50 ó 60 años o edad avanzada y han tenido a su alrededor, bien por familiares o allegados, gente que ha vivido las situaciones contempladas en el documento. Así, confirmó que aunque no con tanta frecuencia como con el testamento, se firman "cada vez más".
Por su parte, Rueda indicó que, en la jornada, los notarios trabajarán sobre un texto de voluntades anticipadas para "llegar a fijar un contenido" que "aunque nunca se pueda decir que sea uniforme porque cada persona es un mundo" se pueda establecer "un contenido mínimo que sea racionalmente estable" como "para evitar dudas de interpretación".
La 'Declaración de Voluntades Anticipadas' es un documento que queda inscrito en el Registro Centralizado de esta materia de la Comunitat, tras ser cumplimentado ante notario por el interesado y remitido desde una Notaría. Según Sapena, la legislación valenciana permite que se haga ante tres testigos sin vinculación con el declarante aunque destacó la seguridad jurídica que proporciona la firma ante notario, un trámite que puede oscilar entre los 45 y 50 euros.
El documento contempla un apartado de instrucciones como las actuaciones sanitarias que el declarante quiere o no que se le practiquen --una vez su estado le impida expresarse-- como la de 'no prolongar artificalmente su vida mediante técnicas médicas agresivo-invasivas' o que 'sin perjuicio de la decisión que se tome, se le garantice la asistencia sanitaria para conseguirle una muerte digna' y la designación de un representante.
Los dos ponentes destacaron la necesidad de creación del Registro central nacional donde se recojan todas las declaraciones de voluntades anticipadas suscritas en las distintas autonomías para que el documento tenga "efectividad real" en toda España ante supuestos como, por ejemplo, accidentes de tráfico en fines de semana o festivos que se registran en lugares distintos al de la firma.
"RAZONES SOCIOLOGICAS"
Según subrayó Peris, la ley autonómica 1/2003, dimanante de la nacional que regula estas situaciones, deja "mucho problema sin resolver desde el punto de vista jurídico". En este sentido, apuntó a que el legislador actuó en su momento "influido o atendiendo a razones sociológicas o de presión social", especialmente tras la película sobre la vida del tetrapléjico Ramón Sampedro, con la que "se ha acelerado el tema hasta tal punto que se ha llegado a dejar vacíos legales, lo que es altamente preocupante".
Asimismo, citó problemas en la "aplicación real", correspondiente al médico, donde surge una "falta de concreción" ante "cuestiones que semánticamente resultan curiosas" como las frases 'no prolongar la vida', 'acortar la vida' o 'producir la muerte' o bien detecta falta de previsión sobre situaciones como la de un hospital donde todos los facultativos sean contrarios un "auxilio al bien morir".
Así, se preguntó "hasta qué punto esto nos puede llevar a que una interpretación judicial a posteriori considere que la actuación del facultativo no ha sido la adecuada a derecho y que en lugar de no prolongar innecesariamente la vida o acortarla de una forma racional lo que ha hecho ha sido producir la muerte del paciente". En su opinión, "una forma de evitar eso es sin duda dotar a los profesionales de seguridad jurídica".
