Un experto pide más inversión en políticas preventivas en menores conflictivos y nuevos centros adecuados

VALENCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la sección del menor del Colegio de Abogados de Valencia, Rafael Iniesta, pidió hoy mayor inversión en políticas preventivas para menores conflictivos y la creación de nuevos centros, antes que la ampliación de las plazas de los ya existentes, que sean adecuados a las necesidades de este colectivo. En este sentido, reconoció que por la Conselleria de Bienestar Social se ha tratado de buscar ubicaciones para estas instalaciones aunque los Ayuntamientos donde se pensaba la construcción se han opuesto por "un evidente desconocimiento de la ley".

Iniesta indicó que hoy en día "se está tardando seis meses desde que un menor tiene sentencia condenatoria hasta que consigue plaza en un centro" por lo que, si es un menor conflictivo, "estará sin control y puede cometer nuevos hechos delictivos que incrementan los índices de delincuencia". Por este motivo, subrayó que la sociedad "debe tener mecanismos inmediatos para estas situaciones, es decir, un menor con una sentencia condenatoria de hoy tiene que ir hoy mismo a un centro porque allí se evita la comisión de nuevos delitos".

En relación con la ubicación de centros, citó casos de municipios como Montroi, Sueca, Bugarra, Gestalgar "y un par de pueblos más donde los mismos ciudadanos se han opuesto". No obstante, indicó que un centro cerrado "no tiene por qué tener implicaciones negativas" y a nivel personal dijo preferir "en un momento dado" que le coloquen "al lado un centro de menores que una central térmica".

En este sentido, aunque reconoció los "esfuerzos" de la Conselleria, consideró que se debería "implicar más a los Ayuntamientos y a sus residentes para que no haya ningún tipo de problemática en la admisión de la construcción de nuevos centros de reeducación".

"Podrá ser una actividad molesta o que genere un cierto temor, pero una vez conocido el plan de actuación y los proyectos educativos, se tiene que disipar cualquier tipo de duda al respecto", manifestó.

Asimismo, criticó que la actuación de la administración se centre en la construcción de centros cuando "no se trata tanto de curar sino de prevenir". Como ejemplo, explicó que "no se trata de construir más hospitales para más enfermos, porque enfermos siempre habrá; se trata de dar el tratamiento preventivo necesario para evitar que esa persona tenga que ir a un hospital".

Así, consideró que se debe "incidir en los equipos de base de los ayuntamientos y trabajadores sociales". Iniesta afirmó que, en su opinión, "a nivel preventivo no se está trabajando" y al respecto señaló que, en más de una ocasión, "personas dedicadas a libertad vigilada que trabajan para determinados ayuntamientos han tenido que pedir a la sección apoyo y ayuda con la intención de recabar firmas para tratar de que estos servicios tuvieran mayor dotación económica".

SEGUIMIENTO

Según dijo, en esos casos, "para los Ayuntamientos no tenía sentido esta dotación presupuestaria", algo que calificó de "error" porque "en toda población hay zonas conflictivas, deprimidas y barrios marginales donde un seguimiento de los servicios sociales puede ayudar a muchas familias a evitar que se vaya al juzgado".

De ahí, que insistió en la necesidad de "seguir invirtiendo en la creación de centros porque hace falta para evitar las listas de espera" aunque también "invertir más en políticas preventivas porque cuando solventemos la prevención se solucionará un alto porcentaje de delitos". El abogado cree que estas medidas preventivas deben recoger la franja de edad de entre 12 y 14 años ya que hay casos donde un menor de 13 años ha cometido una violación y únicamente se le puede remitir a protección, lo que "no hace nada".

Señaló el caso de un menor de 14 años con 160 incidencias relacionadas con la justicia. "Es para que alguien hubiera tomado cartas en el asunto. Si hubiéramos destinado fondos a protección lo hubiéramos podido recuperar" antes de llegar a esa edad, señaló.

"HACINAMIENTO"

Iniesta subrayó que disiente de las declaraciones realizadas ayer por la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, sobre que las plazas actuales son las "adecuadas" para garantizar la cobertura de las necesidades y que suponen el triple que en 2001. Así, indicó que se han creado "algunas plazas en los mismos centros, lo que implica un hacinamiento que es lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario adulto".

El letrado también criticó el nuevo proyecto sobre la ley del menor, que "va a ser endurecida de forma espectacular", y que supondrá, al tener que pasar los jóvenes con 21 años directamente a prisión y entre 18 y 21 años, según lo determinen los jueces, a la vista de los informes disponibles, un "desalojo y descenso acusado" de los ingresos en los centros. "El problema es que se hizo una ley excesivamente progresista sin medios y ahora toca recortar ese progresismo", dijo.