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VALENCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
FAPA València ha anunciado este miércoles que asesorará legalmente a aquellas familias que decidan no colaborar en la realización por parte de los hijos de las pruebas diagnósticas previstas en los centros de la Comunitat en los próximos días, al tiempo que ha asegurado que comparte la "postura de insumisión" asumida por coordinadoras de AMPA del Estado.
Así lo ha indicado la entidad en un comunicado en el que ha reafirmado su posicionamiento "crítico y cuestionador de la validez e idoneidad" de las pruebas en el que, además, ha instado a la Generalitat a que "se tome en serio la mejora de la calidad de la enseñanza pública" y deje de destinar presupuesto a "procesos evaluativos desfasados y cuestionados" y reoriente su interés "hacia una mejora del sistema educativo basada en la confianza y colaboración de los agentes sociales que conformamos la comunidad educativa".
Del mismo modo, ha explicado que la Federación ha realizado recientemente una jornada de formación, análisis y reflexión dirigida a las AMPA de la provincia en la que han participado "prestigiosos expertos en la materia" como investigadores especialistas en didáctica de la educación de la Universitat de València así como el jefe de servicio de evaluación educativa de la Conselleria de Educación.
Así, de esta jornada FAPA-València ha concluido que las pruebas diagnósticas y/o individualizadas propuestas por la LOMCE y desarrolladas para su aplicación por la Conselleria de Educación presentan "graves carencias", por lo que ha solicitado "la paralización de este proceso evaluativo" hasta que no se resuelvan las limitaciones "que afectan gravemente a su legitimidad teórica, metodológica, política y social".
"INFORMACIONES PARCIALES E INCOMPLETAS"
Según FAPA, los expertos a los que ha consultado han identificado "importantes errores" en la formulación y ejecución de las pruebas que, a su entender, "cuestionarían sus posibilidades de una adecuada y completa interpretación diagnóstica sobre los procesos de aprendizaje del alumnado". Asimismo, las pruebas diagnósticas son pruebas psicométricas, "una modalidad evaluativa que ha sido cuestionada por diferentes organismos de búsqueda social de prestigio internacional, europeos y americanos".
Al respecto, ha puntualizado que los argumentos en los que se apoyan para cuestionar la técnica son que supone "una evaluación de resultados, de carácter cuantitativo, puntual y extraordinario, que sólo ofrece informaciones parciales e incompletas, por lo que no garantizan un adecuado diagnóstico de necesidades ni contribuyen a la calidad de los servicios estudiados".
Asimismo, ha destacado que "se trata de una herramienta de búsqueda social muy limitada, que requiere su complemento con otros enfoques evaluativos tanto de procesos como de estructura, que incluya metodologías cualitativas y participativas".
Así, este método genera "efectos perversos y distorsionadores" en el sistema educativo, que irían "en detrimento de la calidad" de la enseñanza mediante la "deformación del currículum escolar hacia el cumplimiento de objetivos marcados por las pruebas". Además, "refuerzan procesos de aprendizaje basados en la superación de tests, y no aprendizajes significativos, colaborativos, integrales".
"PROVOCA COMPETITIVIDAD Y 'GUETTIZACIÓN'"
Del mismo modo, ha apuntado que un modelo evaluativo basado en pruebas diagnósticas, "refuerza una política de desconfianza, control y punitiva sobre los centros educativos, que no favorece el fortalecimiento de la comunidad educativa como espacio de construcción de ciudadanía y de trabajo colaborativo entre profesorado, familias y alumnado".
Además, sostiene que la difusión no controlada por la administración de los datos recaudados fuera del contexto educativo, ha provocado un efecto de "competitividad" entre los centros así como la "agudización de fenómenos de 'guettización' de los colegios situados en zonas empobrecidas de los municipios". Esta situación, a su juicio, "no ayuda a una adecuada gestión de la diversidad educativa ni a promover una política educativa integradora de las desigualdades preexistentes".
Al respecto, ha recordado que la normativa vigente "no garantiza el adecuado uso de los datos obtenidos en las pruebas, por lo que se mantiene el riesgo de una utilización partidista de los mismos y contribuye a la perversión del sistema público de educación".
"IGNORA LA VOZ DE LOS AGENTES SOCIALES IMPLICADOS"
Para la federación, la LOMCE es una ley "fuertemente cuestionada y confrontada por la comunidad educativa, que pone en entredicho su legitimidad social". Además, en la Comunitat, el desarrollo de las pruebas diagnósticas "se ha diseñado y puesto en marcha ignorando la voz de los agentes sociales implicados como profesorado, familias y alumnado, y ciudadanía en general".
"La realización de un diagnóstico serio y en profundidad de nuestro sistema educativo, requiere de la participación activa de la comunidad educativa como informantes clave y de absoluta legitimidad, conocedores de primera mano de las carencias, limitaciones y potencialidades que determinan los procesos de aprendizaje del alumnado", ha aseverado.
