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VALENCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción acusa al exconseller de Solidaridad y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, de hacer "clientelismo político" y de utilizar la relación que mantenía con el considerado presunto cabecilla del 'caso Cooperación', Augusto César Tauroni, a quien ha definido como "su amigo", para "delinquir" en las ayudas concedidas para proyectos de cooperación.
Ésta es una de las premisas que mantiene el fiscal Vicente Torres en su informe de conclusiones expuesto en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones de la extinta conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil de Tauroni.
El fiscal ha elevado a definitiva su petición de 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exconseller a quien acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental. Así mismo, requiere para Tina Sanjuán, exsecretaria de la conselleria, 13 años y medio de prisión, 32 de inhabilitación y una multa de 14.400 euros; para el que fuera subsecretario Alexandre Català, 13 años, 30 de inhabilitación y 21.600 euros; para Tauroni, 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de la misma cantidad.
Además, solicita para el ex director general Josep María Felip un total de 10 años de prisión, 27 de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; para el exjefe de servicio Marc Llinares, ocho de prisión y 18 de inhabilitación; para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, seis de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; y, por último, para el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y su pareja y empleada de la entidad, Josefa Cervera, cuatro años de cárcel, y el pago de una multa --para cada uno-- de seis millones de euros.
En su informe, el fiscal ha aludido a la relación existente entre Blasco y Tauroni, anterior a octubre de 2010 --cuando el caso saltó a los medios de comunicación-- y su "complicidad" para conseguir que la conselleria otorgase a la Fundación Cyes subvenciones pese a no seguir los trámites administrativos ordinarios y tener la "oposición" de técnicos y funcionarios. Sobre esta relación de "amistad", ha puesto el ejemplo de que Tauroni tenía apuntado en su agenda del año 2008 la fecha de cumpleaños del exconseller.
'RB' Y 'CONILL'
Así, ha expuesto que Blasco, "utilizando" su condición de conseller, "favorecía y beneficiaba a Tauroni a través de sus empresas". Al respecto, ha recordado que se han intervenido documentos que Tauroni dirigía al exconseller --con las siglas 'RB'-- en los que le informaba de todos estos extremos. También ha puntualizado que el considerado cabecilla de la trama llamaba a Blasco 'Conill', tal y como reconoció una de sus empleadas, y ésta "lo dijo de manera clara y contundente", ha apostillado. Y también manifestó que ambos comían a veces en su casa de Alzira (Valencia).
En este marco, ha indicado el fiscal, "se produce la entrada de Tauroni en la obtención de fondos públicos para cooperación, algo en lo que antes nunca había entrado". Y lo hizo a través de López, a quien le propuso que concurriera a las subvenciones de la extinta conselleria, y a cambió le pidió un 25 por ciento de lo cobrado. Esta cantidad --unos 400.000 euros por las dos subvenciones-- la consiguió con facturas por conceptos que "nada tenían que ver con los proyectos".
El fiscal, quien ha negado que se haya vulnerado el derecho de defensa y ha defendido la división de piezas de la causa --dos, una de ellas en instrucción--, ha recordado que Tauroni sabía que se iban a convocar ayudas para proyectos de cooperación "meses antes" de que se hicieran públicas, "porque se lo había dicho Blasco, que era la única persona a la que conocía en la conselleria".
Así, López, a través de Tauroni, decidió concurrir a dos grandes proyectos en Nicaragua, y ya en su solicitud técnicos de la conselleria pusieron las primeras "trabas" porque la fundación no cumplía ni con el requisito previo de la experiencia, ni contaba con una ONG en red. "Ahí se produce una quiebra entre el procedimiento de tramitación de ayudas a la fundación y el procedimiento administrativo utilizado para el resto de subvenciones, con el objetivo de intentar por todos los medios que las ayudas salieran y que las cantidades se pagaran a Cyes -una academia de enseñanza, tal y como ha definido el fiscal--".
Frente a estos "impedimentos", fueron Tina Sanjuán y Marc Llinares quienes se "encargaron" de volver a poner las ayudas "en circulación", pese a no ser de su competencia. "Fue un procedimiento administrativo viciado desde el principio". Y para justificar la valía de la fundación, se encarga a una asesoría un dictamen jurídico, que Sanjuán "manipuló" porque en el mismo no se acreditaba la experiencia de la entidad.
"SUICIDIO ABSOLUTO"
Estas "discrepancias" en estas ayudas fueron puestas de manifiestas por los técnicos a Blasco en una comisión, en la que el exconseller "intentó amedrentarles" para que firmaran el acta de aprobación porque "sabía que dictar una resolución en contra de un comité técnico era un suicidio absoluto". Finalmente los técnicos accedieron cuando la fundación presentó otra documentación para subsanar deficiencias, unos certificados de convenios con Nicaragua que "salen de manera sorpresiva" y que son "falsos", mantiene el fiscal.
Y con las ayudas, la fundación compró tres pisos en Valencia y un garaje, como supuestas oficinas técnicas de los proyectos en Nicaragua, "infringiendo la ley porque no se pusieron a nombre de los beneficiarios ni se vincularon a los proyectos por tiempo de 15 años". "La única finalidad fue el lucro y el beneficio personal", ha apuntado el fiscal, y ha agregado que López aportó inicialmente escrituras públicas y cheques para justificar la compra de estos inmuebles, hasta que las funcionarias alertaron de ello y se les requirió otras facturas, diferentes a los pisos, para justificar las ayudas.
Sobre estas nuevas facturas, el fiscal ha mantenido que no guardaban relación con los proyectos ni con sus objetivos --lámparas o paneles solares cuando solo se hicieron en Nicaragua dos pozos de agua manuales--, y que fueron "falsificadas" con cuños y logos. Y tras aportarse estas nuevas facturas, "nunca se dictó ninguna resolución para excluir los pisos en ningún momento", ha destacado. Sin embargo, sí que se cerraron los expedientes, y fueron "firmados por Felip", pese a que en ese momento -aunque sí posteriormente-- "no sabía de qué iba el tema".
Cuando el caso llegó a los medios de comunicación, el fiscal ha relatado las distintas reuniones que mantuvo Blasco en las que ordenó que se compulsaran los expedientes y se hiciera un listado de facturas admitidas y excluidas, en el que se puso una fecha diferente a la real, y luego se remitió a la Fiscalía. Pero "nunca", ha insistido el fiscal, se pidió a la fundación que reintegrara las ayudas "porque Blasco no quería que Tauroni se quedara sin su beneficio".
