VALENCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado un recurso de apelación contra la providencia de 23 de marzo dictada por la jueza Nieves Molina --que instruye el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que en julio de 2006 costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47-- en la que concedía cinco días a las partes personadas y al ministerio público para que se pronunciaran sobre la procedencia de acordar la transformación de este procedimiento en abreviado --que implicaría procesamientos-- o el sobreseimiento del caso.
El Fiscal advierte en el recurso presentado con fecha 27 de marzo que hasta que no se realicen todas las diligencias que pidió "no quedará aclarado definitivamente todas las causas directas e indirectas del siniestro acaecido en la estación de Jesús el 3 de julio de 2006".
El ministerio público explica que el juzgado de instrucción número 21 aunque acordó la práctica de ciertas diligencias, difirió otras e, incluso, denegó algunas.
En este sentido, señala que durante la instrucción de este procedimiento --ni en la primera fase de la investigación ni en la segunda-- "no se ha realizado ninguna prueba pericial que establezca una comparación razonable entre las medidas de seguridad aplicables o exigibles a la empresa en cuestión en el momento de los hechos y las medidas de seguridad que de facto fueron adoptadas por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) hasta el momento del accidente".
Por ello, asegura que "hasta que esta comparación no se realice por los profesionales expertos en seguridad ferroviaria que se solicitan" no quedarán clara las causas del accidente.
Según el ministerio público, "se deducen indicios de que las omisiones detectadas en torno a la seguridad de la línea 1 pudieron crear un riesgo jurídicamente desaprobado o socialmente no tolerable". También señala que la existencia de una baliza con el sistema Frenado Automático Puntual (FAP) "hubiera evitado el siniestro".
Del mismo modo, indica que si la velocidad del itinerario hubiera estado protegida por la única baliza existente, "es muy posible que se hubiera evitado el descarrilamiento o el volcado del convoy". En esta misma línea, apunta que ha quedado acreditado que "la velocidad excesiva no se había detectado como un riesgo e, igualmente, por la documentación portada por los servicios de prevención, nada se dice del riesgo de descarrilamiento o del riesgo del volcado del convoy". Por ello, destaca que esta circunstancia puede poner de manifiesto "la inexistencia de una verdadera planificación de riesgo".
La Fiscalía considera que el sobreseimiento de la causa "vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva" de los familiares de las víctimas, "en su modalidad de derecho a la práctica de las diligencias que se consideran que son necesarias para la averiguación de los hechos, con claros indicios de haberse cometido delitos de homicidios y lesiones por imprudencia, así como delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, máxima dadas las circunstancias que concurren en el supuesto presente, cuya reapertura fue decretada por la Audiencia Provincial".
"INVESTIGAR LAS VERDADERAS CAUSAS"
Por su parte, la Asociación de Victimas del Metro del 3 de Julio --que ha remitido a lo medios el recurso de Fiscalía-- ha agradecido en un comunicado el interés del ministerio público "por seguir investigando las verdaderas causas del siniestro".
En este sentido, la asociación asegura que no cejará en su "empeño de establecer las responsabilidades de la empresa en la falta de medidas de seguridad en el tramo del siniestro y conseguir así que se depuren las responsabilidades por la muerte de 43 personas y las heridas ocasionadas a 47 personas".
